El retorno de Hobbes

La seguridad pública continúa en la agenda de la gente. Sin embargo, desde el gobierno se mantienen las señales erráticas.
Los hechos acaecidos durante un Partido de Fútbol entre Nacional y Danubio en la Curva de Maroñas reavivaron el debate sobre el rol que le compete a la Policía.
Ciertamente que la prevención debe ser prioridad policial pero indudablemente, quien ejerce el monopolio de la Fuerza Pública debe actuar en aquellos casos en que la prevención fracasó o resultó insuficiente. Ese tema no está en discusión, no puede estarlo.
La conducción política de la policía debe tener claro sus roles.
La pasividad como respuesta al incremento de la delincuencia no puede conducir sino al agravamiento del problema.
Mientras los delitos aumentan, desde el gobierno se creó un plan de seguridad con pretensión de dar un enfoque integral, a partir del trabajo de varios Ministerios. Esta reacción tardía parece no tener en claro un elemento clave, el rol de la policía.
La discusión promovida desde el gobierno acerca de si la inseguridad era un hecho o una sensación parece estar superada desde los propios agentes del oficialismo. Ahora, un Senador plantea que los ciudadanos nos armemos y ejerzamos por nosotros mismos nuestra defensa.
Este pretendido revivir del Estado de Naturaleza Hobbesiano, donde cada uno es juez de su propia causa, y más, ejecuta por propia mano justicia, esconde una verdad indiscutible: la política de seguridad del gobierno ha fracasado estrepitosamente.
El camino recorrido por gobierno, desde la liberación de presos a través de la ley de humanización de cárceles hasta tolerar impávidos los disturbios en pleno 18 de julio, y la inacción en la cancha de Danubio revela la falta de rumbo en materia de seguridad que el gobierno traslada a los efectivos policiales.
Las medidas consistentes en disminuir los requisitos y la exigencia para ser policía lejos está de la mejora en la formación de la policía que tanto necesitamos. Si a eso le sumamos esta nueva propuesta, la de armarnos, estamos completos.
Este planteo acerca de la tenencia y uso de armas por la población civil no puede desenfocarnos del tema. La seguridad pública es un derecho ciudadano y una obligación del Estado, y es éste quien tiene el monopolio de la fuerza. No se nos puede pedir a los ciudadanos que nos armemos y defendamos. La seguidilla de casos de legítima defensa donde se involucra a comerciantes que optan por repeler la agresión en casos donde se afecta su vida o de sus familiares debe constituir una alerta para las autoridades.
Los peligros que genera la tenencia de armas por quienes no saben o no están preparados adecuadamente para su uso, es un nuevo peligro que se suma a la propia inseguridad. La solución no está en que nos armemos, está en que la policía sea más eficaz, mediante una mejor preparación y más recursos legales y materiales.
La nueva ley de procedimiento policial fue un ejemplo de la desorientación del gobierno en materia de seguridad. Luego de derogar un decreto resabio de la dictadura, pretendía contrariar una vez más a la Constitución habilitando allanamientos nocturnos y prescindiendo de la orden del juez competente. En aquel momento El Partido nacional pudo corregir esta situación, pero lo que se mantiene es el camino de improvisación y desorientación gubernamental.
La culpa de la creciente inseguridad con certeza no es exclusiva responsabilidad de este gobierno, pero sí es claro que no ha sabido manejar el tema adecuadamente. Y no es aceptable que se nos pida que seamos los ciudadanos quienes hagamos su trabajo.