El diputado nacionalista Javier García entregará próximamente al intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, un total de 13.000 peticiones para que derogue las alícuotas de la contribución inmobiliaria. El impuesto también es atacado jurídicamente.
García se comunicó el pasado martes 27 con el intendente Ehrlich para coordinar la entrega de las firmas que ya lleva reunidas para ejercer el derecho de petición ante la comuna para que deje sin efecto la forma de cálculo de las Contribución, que ha generado fuertes subas en el tributo de miles de inmuebles.
La decisión municipal será centro además de decenas de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia que objetan la potestad municipal de establecer políticas tributarias redistributivas, aumentando gravámenes sin tener en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos.
Los estudios Ferrere Abogados, Baldomir, Posadas & Campomar y el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, elaboran escritos que señalan que esta política ataca el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y usurpa potestades que sólo tiene la política tributaria nacional.
Correa Freitas termina su escrito de 20 páginas, y esta semana los interesados comenzarán a firmar las acciones, que son de naturaleza individual. Cualquier pronunciamiento de la Corte tiene un efecto suspensivo sobre el caso del reclamante.
Petición. El Derecho de Petición que promueve el diputado García se ampara en el artículo 30 de la Constitución de la República y solicita al Intendente de Montevideo que se disponga "la inmediata suspensión de la aplicación del Decreto 32.265 en lo atinente a los aumentos de la Contribución Inmobiliaria que por su aplicación se hayan verificado".
El legislador explicó a El País que su intención es que no haya variaciones en los casos en los que la Contribución haya disminuido o se haya mantenido igual al año pasado. "El jerarca municipal tiene un plazo para responder este petitorio. De no existir contestación o si ésta es negativa, los contribuyentes pueden presentarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo", explicó.
La Cámara de Representantes declaró inconstitucional este enfoque tributario y que viola la igualdad de las personas ante la ley en 1993, tras un recurso presentado por un millar de ciudadanos que incluyó también a la Tasa general Municipal.
Para tomar su decisión, el organismo legislativo se basó en dictámenes elaborados por los juristas Ramón Valdés Costa, Addy Mazz, Horacio Cassinelli Muñoz, Alberto Pérez Pérez, José Luis Shaw, Aníbal Cagnoni, Juan Carlos Peirano Facio, Julio Prat, Héctor Frugone Schiavone.
El valor de las Tasas progresivas: Las tasas progresivas que aplica la Intendencia Municipal de Montevideo para el cobro de la contribución inmobiliaria son progresivas, de acuerdo con la siguiente escala. La comuna aplica un impuesto de 0,25% para las viviendas que tienen un valor catastral menor a los $ 250.000; una tasa de 0,75% para las viviendas de entre $ 250.001 y $ 625.000; de 1% para aquellas cuyo valor catastral esté entre $ 625.001 y $ 1.250.000; de 1,2% para las que se ubiquen entre $ 1.250.001 y $ 25.000.000; y finalmente una tasa de 1,4% para las viviendas con valores catastrales superiores a los $ 25.000.000.
García se comunicó el pasado martes 27 con el intendente Ehrlich para coordinar la entrega de las firmas que ya lleva reunidas para ejercer el derecho de petición ante la comuna para que deje sin efecto la forma de cálculo de las Contribución, que ha generado fuertes subas en el tributo de miles de inmuebles.
La decisión municipal será centro además de decenas de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia que objetan la potestad municipal de establecer políticas tributarias redistributivas, aumentando gravámenes sin tener en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos.
Los estudios Ferrere Abogados, Baldomir, Posadas & Campomar y el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, elaboran escritos que señalan que esta política ataca el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y usurpa potestades que sólo tiene la política tributaria nacional.
Correa Freitas termina su escrito de 20 páginas, y esta semana los interesados comenzarán a firmar las acciones, que son de naturaleza individual. Cualquier pronunciamiento de la Corte tiene un efecto suspensivo sobre el caso del reclamante.
Petición. El Derecho de Petición que promueve el diputado García se ampara en el artículo 30 de la Constitución de la República y solicita al Intendente de Montevideo que se disponga "la inmediata suspensión de la aplicación del Decreto 32.265 en lo atinente a los aumentos de la Contribución Inmobiliaria que por su aplicación se hayan verificado".
El legislador explicó a El País que su intención es que no haya variaciones en los casos en los que la Contribución haya disminuido o se haya mantenido igual al año pasado. "El jerarca municipal tiene un plazo para responder este petitorio. De no existir contestación o si ésta es negativa, los contribuyentes pueden presentarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo", explicó.
La Cámara de Representantes declaró inconstitucional este enfoque tributario y que viola la igualdad de las personas ante la ley en 1993, tras un recurso presentado por un millar de ciudadanos que incluyó también a la Tasa general Municipal.
Para tomar su decisión, el organismo legislativo se basó en dictámenes elaborados por los juristas Ramón Valdés Costa, Addy Mazz, Horacio Cassinelli Muñoz, Alberto Pérez Pérez, José Luis Shaw, Aníbal Cagnoni, Juan Carlos Peirano Facio, Julio Prat, Héctor Frugone Schiavone.
El valor de las Tasas progresivas: Las tasas progresivas que aplica la Intendencia Municipal de Montevideo para el cobro de la contribución inmobiliaria son progresivas, de acuerdo con la siguiente escala. La comuna aplica un impuesto de 0,25% para las viviendas que tienen un valor catastral menor a los $ 250.000; una tasa de 0,75% para las viviendas de entre $ 250.001 y $ 625.000; de 1% para aquellas cuyo valor catastral esté entre $ 625.001 y $ 1.250.000; de 1,2% para las que se ubiquen entre $ 1.250.001 y $ 25.000.000; y finalmente una tasa de 1,4% para las viviendas con valores catastrales superiores a los $ 25.000.000.
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