Una novedosa e inédita táctica implementada por el gobierno en el combate frontal a la delincuencia, ha quedado de manifiesto la semana pasada en ocasión del saqueo de que fuera objeto un comercio floridense a manos de un grupo de muchachos que regresaban del festival de rock realizado en Durazno.
El nuevo método empleado (que como todas las cosas implementadas por este gobierno ha concitado la atención de expertos mundiales en la materia que ya se aprestan a viajar a nuestro país para recabar información de primera mano) consiste en lo siguiente: ante un hecho de violencia determinado (el saqueo de un comercio, una gresca en un partido de fútbol, un motín en una cárcel o en una colonia donde se hallan internados menores infractores), la autoridad encargada de mantener el orden y velar por la seguridad de los ciudadanos (léase la Policía) deberá abstenerse de intervenir porque los promotores del desorden o delito (como ha quedado científicamente comprobado después de innumerables estudios de otras tantas comisiones convocadas por el gobierno al efecto) tienden a resistirse al arresto, lo que degenera en hechos de violencia mayor.
Si mañana por ejemplo a una banda de ladrones se le ocurriese asaltar a plena luz del día una institución bancaria o financiera de esta querida capital histórica de la Piedra Alta, la policía deberá dejarles hacer su trabajo para evitar “males mayores”. Imagine sino el lector qué podría llegar a pasar si a los agentes del orden se les ocurriese el desvarío de cumplir con su deber: podría producirse una balacera con los cacos, con el consiguiente daño a las fincas y/o comercios vecinos, o causarle alguna herida a alguno de los malvivientes en cuestión, con lo que estaríamos (Dios no lo permita) ante un flagrante caso de violación de los Derechos Humanos (porque como se sabe, en el Uruguay progresista los Derechos de los delincuentes son más derechos que los Derechos de sus víctimas). Y la prensa (esa maldita prensa) que está siempre al acecho, aprovecharía la ocasión para lanzar su ponzoña envenenada contra los servidores de la Ley, buscando desprestigiar a nuestras autoridades y desestabilizar el “orden” vigente.
Como medida complementaria para el buen éxito de este plan, se sabe que se está pensando en contar con el valioso concurso del senador floridense Eduardo Lorier (hombre ducho en estas lides) a quien el Ministerio del Interior proporcionaría una unidad móvil de su dependencia para que concurra a los sitios donde se estén registrando hechos de violencia e impida que los policías cometan algún desquicio, velando por la seguridad de los infractores y trasladándolos al lugar que ellos indiquen para así evitar “males mayores”.
Después de la exitosa ley de “humanización de cárceles” que permitió dejar en libertad a miles de ciudadanos injustamente detenidos, viene ahora la “ley del mal menor”, que inspirada en un profundo sentimiento humanista (como lo están todos los actos del actual gobierno) busca que no se castigue a quienes en el fondo no son más que las pobres víctimas de los modelos económicos neoliberales implementados por los gobiernos conservadores anteriores.
En cuanto a los ciudadanos afectados por los hechos protagonizados por los mal llamados malvivientes, sólo cabe pedirles paciencia y que agradezcan la no intervención de las autoridades, porque si no las cosas podrían resultar peor.
El nuevo método empleado (que como todas las cosas implementadas por este gobierno ha concitado la atención de expertos mundiales en la materia que ya se aprestan a viajar a nuestro país para recabar información de primera mano) consiste en lo siguiente: ante un hecho de violencia determinado (el saqueo de un comercio, una gresca en un partido de fútbol, un motín en una cárcel o en una colonia donde se hallan internados menores infractores), la autoridad encargada de mantener el orden y velar por la seguridad de los ciudadanos (léase la Policía) deberá abstenerse de intervenir porque los promotores del desorden o delito (como ha quedado científicamente comprobado después de innumerables estudios de otras tantas comisiones convocadas por el gobierno al efecto) tienden a resistirse al arresto, lo que degenera en hechos de violencia mayor.
Si mañana por ejemplo a una banda de ladrones se le ocurriese asaltar a plena luz del día una institución bancaria o financiera de esta querida capital histórica de la Piedra Alta, la policía deberá dejarles hacer su trabajo para evitar “males mayores”. Imagine sino el lector qué podría llegar a pasar si a los agentes del orden se les ocurriese el desvarío de cumplir con su deber: podría producirse una balacera con los cacos, con el consiguiente daño a las fincas y/o comercios vecinos, o causarle alguna herida a alguno de los malvivientes en cuestión, con lo que estaríamos (Dios no lo permita) ante un flagrante caso de violación de los Derechos Humanos (porque como se sabe, en el Uruguay progresista los Derechos de los delincuentes son más derechos que los Derechos de sus víctimas). Y la prensa (esa maldita prensa) que está siempre al acecho, aprovecharía la ocasión para lanzar su ponzoña envenenada contra los servidores de la Ley, buscando desprestigiar a nuestras autoridades y desestabilizar el “orden” vigente.
Como medida complementaria para el buen éxito de este plan, se sabe que se está pensando en contar con el valioso concurso del senador floridense Eduardo Lorier (hombre ducho en estas lides) a quien el Ministerio del Interior proporcionaría una unidad móvil de su dependencia para que concurra a los sitios donde se estén registrando hechos de violencia e impida que los policías cometan algún desquicio, velando por la seguridad de los infractores y trasladándolos al lugar que ellos indiquen para así evitar “males mayores”.
Después de la exitosa ley de “humanización de cárceles” que permitió dejar en libertad a miles de ciudadanos injustamente detenidos, viene ahora la “ley del mal menor”, que inspirada en un profundo sentimiento humanista (como lo están todos los actos del actual gobierno) busca que no se castigue a quienes en el fondo no son más que las pobres víctimas de los modelos económicos neoliberales implementados por los gobiernos conservadores anteriores.
En cuanto a los ciudadanos afectados por los hechos protagonizados por los mal llamados malvivientes, sólo cabe pedirles paciencia y que agradezcan la no intervención de las autoridades, porque si no las cosas podrían resultar peor.
Alberto Lamaita es profesor de Historia y Dirigente de Alianza Nacional de Florida
Columna semanal publicada en Diario El Heraldo, martes 31 de marzo de 2009
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