Maldonado. Lesión de autonomía municipal
Maldonado | M. Gallardo
Los ediles blancos de Maldonado que responden al diputado Federico Casaretto presentarán una acción de inconstitucional contra la ley de Ordenamiento Territorial por lesiones a la autonomía municipal.
A juicio de estos ediles, esta ley atenta contra el ordenamiento constitucional, la seguridad de las inversiones y la autonomía departamental.
La acción por lesión de la autonomía municipal se aprobará en la Junta Departamental a partir de una mayoría simple de ediles y se presentará ante la Suprema Corte de Justicia.
"En un departamento como Maldonado, ligado al turismo y a la inversión como claves del desarrollo, resulta un imperativo ejercitar las defensas necesarias para que varias normas de dicha ley resulten inaplicables", dijo Casaretto a El País.
Entre los artículos de la ley que se consideran violatorios de la autonomía municipal se encuentra el 21, por subordinar la potestad de los gobiernos departamentales de transformar los predios rurales en urbanos o suburbanos a un programa de actuación integrada; y los artículos 25, 29 y 30, éste último por limitar la competencia exclusiva de los municipios para la categorización del suelo en el territorio del departamento.
Otro artículo cuestionado es el 51, que afecta derechos adquiridos y principios fundamentales como la seguridad y la certeza jurídica. El citado artículo sostiene que el Ministerio de Vivienda rechazará cualquier emprendimiento en la faja de defensa de costas bajo determinadas condiciones.
La acción también apunta al inciso C del artículo 27 que prevé la aplicación retroactiva de la norma "para las instalaciones, construcciones, fraccionamientos o usos, concretados con anterioridad a la entrada en vigor y que resulten disconformes con el nuevo ordenamiento".
"Debe tenerse en cuenta que pueden existir desarrollos con aprobación municipal terminados, que cumplieron con todas las instancias legales en su oportunidad, y que caduquen por no ajustarse a los requerimientos de la nueva ley de ordenamiento territorial", advirtió Casaretto.
A juicio del legislador, el artículo 52 limita la potestad de los municipios de construir viviendas al establecerse que "el ordenamiento territorial constituirá el instrumento fundamental en la articulación de las políticas habitacionales y de suelo".
El artículo 38 aumenta de 5% a 8% el porcentaje destinado a espacios libres. Casaretto dijo que esta disposición no toma en cuenta el déficit de tierras fraccionadas con destino a vivienda.
"Con la nueva ley se aleja aún más las posibilidad de que la inversión privada ayude de alguna manera a lograr la provisión de soluciones habitacionales", sostuvo el legislador.
Fuente: EL PAIS, jueves 12 de marzo de 2009
A juicio de estos ediles, esta ley atenta contra el ordenamiento constitucional, la seguridad de las inversiones y la autonomía departamental.
La acción por lesión de la autonomía municipal se aprobará en la Junta Departamental a partir de una mayoría simple de ediles y se presentará ante la Suprema Corte de Justicia.
"En un departamento como Maldonado, ligado al turismo y a la inversión como claves del desarrollo, resulta un imperativo ejercitar las defensas necesarias para que varias normas de dicha ley resulten inaplicables", dijo Casaretto a El País.
Entre los artículos de la ley que se consideran violatorios de la autonomía municipal se encuentra el 21, por subordinar la potestad de los gobiernos departamentales de transformar los predios rurales en urbanos o suburbanos a un programa de actuación integrada; y los artículos 25, 29 y 30, éste último por limitar la competencia exclusiva de los municipios para la categorización del suelo en el territorio del departamento.
Otro artículo cuestionado es el 51, que afecta derechos adquiridos y principios fundamentales como la seguridad y la certeza jurídica. El citado artículo sostiene que el Ministerio de Vivienda rechazará cualquier emprendimiento en la faja de defensa de costas bajo determinadas condiciones.
La acción también apunta al inciso C del artículo 27 que prevé la aplicación retroactiva de la norma "para las instalaciones, construcciones, fraccionamientos o usos, concretados con anterioridad a la entrada en vigor y que resulten disconformes con el nuevo ordenamiento".
"Debe tenerse en cuenta que pueden existir desarrollos con aprobación municipal terminados, que cumplieron con todas las instancias legales en su oportunidad, y que caduquen por no ajustarse a los requerimientos de la nueva ley de ordenamiento territorial", advirtió Casaretto.
A juicio del legislador, el artículo 52 limita la potestad de los municipios de construir viviendas al establecerse que "el ordenamiento territorial constituirá el instrumento fundamental en la articulación de las políticas habitacionales y de suelo".
El artículo 38 aumenta de 5% a 8% el porcentaje destinado a espacios libres. Casaretto dijo que esta disposición no toma en cuenta el déficit de tierras fraccionadas con destino a vivienda.
"Con la nueva ley se aleja aún más las posibilidad de que la inversión privada ayude de alguna manera a lograr la provisión de soluciones habitacionales", sostuvo el legislador.
Fuente: EL PAIS, jueves 12 de marzo de 2009
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