Gesto republicano

Desde el retiro de la Jueza Sara Bossio como Ministro de la Suprema Corte de Justicia y frente a los fallos de la Corte que declararon inconstitucional la aplicación del IRPF a las jubilaciones, hemos intercambiado pareceres con el Gobierno.

En ese intercambio parece intentar desviarse el foco de real de la cuestión.

Que no se nos traslade una responsabilidad que es toda del gobierno y que solo él puede resolver. La integración de la Suprema Corte de Justicia no es el problema. La propia Constitución y la Ley de Organización de los Tribunales prevén y solucionan la eventualidad de que el máximo órgano judicial deba integrarse por vacancia de uno de sus miembros. Ese asunto ya tiene solución. Es más, en la Asamblea General convocada al efecto de nombrar al nuevo Ministro de la Suprema Corte el Partido Nacional apoyará el nombre del Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil más antiguo. Así que ese no es el problema. El problema es muy otro. Es lo que debe hacer el gobierno frente a los pronunciamientos sobre la constitucionalidad de la aplicación de Impuesto a la Renta de la Personas Físicas a las jubilaciones. Ése y no otro es el problema.

No tenemos pretensión de jueces. Como Senador y como Presidente del Directorio del Partido Nacional no podemos ni emplazar ni obligar al gobierno a que se conduzca en tal o cual sentido, pero en ese mismo carácter, con la investidura que nos dieron 700 mil uruguayos, solicitamos que se respete la Constitución, que se tenga un gesto republicano, de tolerancia y de respeto frente a nuestra máxima norma jurídica y frente al Poder Judicial como poder garante para un sistema democrático.

La derogación del IRPF a las jubilaciones se impone. Si bien no jurídicamente, ya que las sentencias de la Corte se aplican sólo al caso concreto –y precisamente por eso- es que políticamente, y para prevenir que se sigan generando situaciones injustas, hay que proceder a derogar el IRPF a las jubilaciones.

Desde el gobierno se ha sostenido que están a la espera de nuevos fallos para verificar una tendencia, un "número más prudente" de sentencias y recién ahí, evaluar una eventual modificación. Esto es sustancialmente diferente a lo sostenido por el Sr. Presidente de la República en reiteradas oportunidades: "dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada". Incluso se había referido particularmente a este tema cuando en oportunidad de conocerse el dictamen del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación entendiendo inconstitucional el IRPF, y también allí mantuvo su palabra de respetar la Constitución.

Es inconsistente con ese discurso esperar nuevos fallos y no actuar de inmediato.

Pretender que eventuales y futuros fallos rechacen demandas de inconstitucionalidad y de ese modo "expíen" el impuesto a costa de generar una situación de desigualdad entre los jubilados es un lamentable error. En el mejor de los casos –para la tesis del gobierno- se aspira a generar desigualdad a partir de fallos disímiles de la máxima Corporación Judicial del país.

No pretendemos empujar al gobierno, pero no renunciamos a nuestra obligación de marcar las diferencias y dar nuestra opinión sobre los distintos temas de la vida de la República. Que no se confunda el gobierno. A este gobierno lo han elegido algunos, no todos, pero debe gobernar para todos. No puede el Presidente renunciar su deber de gobernar para todos, so pretexto que hay algunos "que ya tienen quién los defienda". ¿Acaso se pretende que haya uruguayos sin Presidente? Esto no es propio de quien ejerce la primera magistratura de nuestro país. No profundicemos los discursos maniqueos dividendo entre buenos y malos. Apelemos al valor de la unidad nacional.

No es esto una puja sobre quién lleva o cómo lleva los pantalones. No es una pulseada. Gobernar es una delicada responsabilidad que requiere equilibrio, serenidad y sensatez. Hay aquí una oportunidad para exhibir esas cualidades.

Hay uruguayos que esperan una solución.

Respetando la palabra dada, el compromiso asumido, la consecuencia política de estos fallos de inconstitucionalidad, es la derogación al menos para los jubilados, de esta imposición.

Además, existe un clima general, un sentimiento que cruza transversalmente a la sociedad uruguaya en el sentido que gravar a las jubilaciones está mal, es injusto. Y el gobierno ya sabe que es difícil marchar contra ese sentimiento.

Estos acontecimientos han revelado, una vez más, reacciones inconvenientes para la salud del sistema democrático. Estamos frente a continuas presiones sobre la Justicia, cuando no es un Ministro que se enoja con un juez porque procesan a un amigo, es un partido de la coalición de gobierno que pone en duda la honorabilidad de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, o un diputado que pretende recortar el presupuesto del Poder Judicial por no estar éste acorde a las políticas tributarias delineadas por el Poder Ejecutivo.

Todas estas acciones tienden a politizar la justicia. Se pretende que el Poder Judicial pondere criterios políticos a la hora de impartir justicia. Se pretende desdibujar los roles, se interfiere con el valor de la independencia judicial y el principio de separación de poderes, pilar de la Democracia. La separación de poderes es la garantía para los ciudadanos respecto a que los jueces a los que se recurre en demanda de justicia, o que un día puedan juzgarlos, no trabajan para el gobierno ni son delegados de los partidos políticos.

Por esto, con humildad, efectuamos un reclamo cívico, requerimos un gesto republicano de parte del gobierno para que respete al Poder Judicial, respete a la Constitución, que no es sino respetarnos a todos.

Dr. Jorge Larrañaga