Desde diversos sectores sociales y políticos (incluidas las organizaciones defensoras de los derechos humanos) se han elevado voces expresando alarma y preocupación por la inminente aprobación en el Senado de la nueva Ley de Procedimiento Policial.
Ésta, además de constituir un riesgo para las garantías individuales, viola varios artículos de la Constitución, como el que asegura la inviolabilidad del hogar (art. 11) o el que garantiza que “nadie podrá ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal” (art. 12).
De aprobarse dicha Ley como todo parece indicar, la Policía podrá detener y mantener incomunicados a los presuntos autores de delitos, realizar allanamientos en los domicilios particulares, ingresar a un hogar en el que no estén sus moradores y detener a cualquier transeúnte en la calle.
“Dentro de la Constitución todo. Fuera de la Constitución nada”, clamaba el doctor Vázquez al asumir la Presidencia. Sin embargo, en los hechos, pocas veces hemos visto un gobierno (exceptuando el de Pacheco o la última dictadura militar) que haga de la violación de la Carta Magna un hábito.
Desde los intentos por amordazar a la prensa, al agravio y la descalificación a la oposición, pasando por el desconocimiento al derecho de propiedad (fomentando y protegiendo la ocupación de empresas), los actos político – partidarios protagonizados por el Presidente de la República bajo el eufemismo de “Consejo de Ministros”, el reciente desconocimiento de los fallos de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, y ahora este nuevo atropello a la Constitución que significa la puesta en práctica de la Ley de Procedimiento Policial, el Frente Amplio descarga golpe tras golpe sobre el estado de Derecho, avasallando derechos que a los uruguayos bastante sacrificios nos costó recuperar.
La aprobación de esta Ley, ¿se trata de un error de la bancada izquierdista, un descuido? Creemos que no...
De acuerdo a la concepción marxista, “ninguno de los supuestos derechos humanos va más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir, un individuo separado de la comunidad, únicamente preocupado por su interés personal que obedece a un capricho privado” (Carlos Marx: “La cuestión judía”).
En síntesis: los derechos humanos son ideales “burgueses”, propios de una concepción “liberal”, y por tanto, no tienen por qué ser respetados por un gobierno de orientación “socialista”.
Y si tomamos en cuenta que muchas de las principales figuras del actual gobierno son marxistas o antiguos guerrilleros tupamaros emparentados con dicha ideología, para nada nos debe extrañar que se vote una ley de estas características en el Parlamento (y mucho menos que el diputado frenteamplista por Florida, el doctor Álvaro Vega, haya levantado su brazo para votarla y la defienda con tanta vehemencia).
Se trata de imponer una visión única del país, monolítica, sin fisuras ni “desviaciones”, y para lograr esto el Estado debe mantener un aparato de seguridad ejerciendo un monitoreo constante de las actividades privadas de los ciudadanos; un Estado omnipresente, controlando todos los aspectos de la vida humana, listo para descargar la represión sobre los disidentes, sean del signo que sean.
En definitiva, un Estado con rasgos totalitarios muy alejado de la rica tradición liberal y humanista de la democracia uruguaya, de aquella “Suiza de América” que un día supo ser ejemplo para el mundo.
Ésta, además de constituir un riesgo para las garantías individuales, viola varios artículos de la Constitución, como el que asegura la inviolabilidad del hogar (art. 11) o el que garantiza que “nadie podrá ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal” (art. 12).
De aprobarse dicha Ley como todo parece indicar, la Policía podrá detener y mantener incomunicados a los presuntos autores de delitos, realizar allanamientos en los domicilios particulares, ingresar a un hogar en el que no estén sus moradores y detener a cualquier transeúnte en la calle.
“Dentro de la Constitución todo. Fuera de la Constitución nada”, clamaba el doctor Vázquez al asumir la Presidencia. Sin embargo, en los hechos, pocas veces hemos visto un gobierno (exceptuando el de Pacheco o la última dictadura militar) que haga de la violación de la Carta Magna un hábito.
Desde los intentos por amordazar a la prensa, al agravio y la descalificación a la oposición, pasando por el desconocimiento al derecho de propiedad (fomentando y protegiendo la ocupación de empresas), los actos político – partidarios protagonizados por el Presidente de la República bajo el eufemismo de “Consejo de Ministros”, el reciente desconocimiento de los fallos de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, y ahora este nuevo atropello a la Constitución que significa la puesta en práctica de la Ley de Procedimiento Policial, el Frente Amplio descarga golpe tras golpe sobre el estado de Derecho, avasallando derechos que a los uruguayos bastante sacrificios nos costó recuperar.
La aprobación de esta Ley, ¿se trata de un error de la bancada izquierdista, un descuido? Creemos que no...
De acuerdo a la concepción marxista, “ninguno de los supuestos derechos humanos va más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir, un individuo separado de la comunidad, únicamente preocupado por su interés personal que obedece a un capricho privado” (Carlos Marx: “La cuestión judía”).
En síntesis: los derechos humanos son ideales “burgueses”, propios de una concepción “liberal”, y por tanto, no tienen por qué ser respetados por un gobierno de orientación “socialista”.
Y si tomamos en cuenta que muchas de las principales figuras del actual gobierno son marxistas o antiguos guerrilleros tupamaros emparentados con dicha ideología, para nada nos debe extrañar que se vote una ley de estas características en el Parlamento (y mucho menos que el diputado frenteamplista por Florida, el doctor Álvaro Vega, haya levantado su brazo para votarla y la defienda con tanta vehemencia).
Se trata de imponer una visión única del país, monolítica, sin fisuras ni “desviaciones”, y para lograr esto el Estado debe mantener un aparato de seguridad ejerciendo un monitoreo constante de las actividades privadas de los ciudadanos; un Estado omnipresente, controlando todos los aspectos de la vida humana, listo para descargar la represión sobre los disidentes, sean del signo que sean.
En definitiva, un Estado con rasgos totalitarios muy alejado de la rica tradición liberal y humanista de la democracia uruguaya, de aquella “Suiza de América” que un día supo ser ejemplo para el mundo.
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