Por Dr. Jorge Larrañaga
La seguridad es un derecho fundamental del individuo y una obligación para el Estado.
La seguridad es una condición necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para medir la calidad de vida.
En consecuencia la inseguridad vulnera sensiblemente las condiciones de la vida social, porque modifica las tendencias del comportamiento de la sociedad, y provoca necesariamente un proceso de descomposición comunitaria al fragmentarla y aislarla.
Vivir en condiciones de inseguridad genera que la ciudadanía desconfíe de las autoridades y descrea de las instituciones.
Los uruguayos desde hace décadas venimos sintiendo y sufriendo un deterioro significativo de ese derecho estar seguros. Los uruguayos estamos en cotidiano contacto con la violencia y la delincuencia. Jubilados rapiñados cuando cobran sus jubilaciones, comerciantes asaltados, arrebatos en la calle, robos a los estudiantes mientras esperan el ómnibus a la salida de la Facultad a la que asisten, son ejemplo diario de una situación que solo parece ir empeorando.
La violencia que llega a los liceos y escuelas.
Los delitos en nuestra campaña adquieren nuevas dimensiones.
Las ciudades del interior conocen delitos que hasta hace poco eran inimaginables allí. Ahora nadie parece estar a salvo.
El temor que genera la inseguridad afecta nuestro sentido de libertad. Los ciudadanos de bien se sienten "presos" al compartir los mismos espacios con los delincuentes sin que el Estado garantice derechos mediante el ejercicio de la autoridad.
Sin embargo, no podemos atribuirle a este gobierno la responsabilidad exclusiva en el origen de este deterioro de la calidad de vida de los uruguayos a consecuencia del crecimiento de la inseguridad, pero si de no afrontar el problema con el vigor apropiado.
El fenómeno que desemboca en la inseguridad pública es multicausal, y como tal debe ser abordado con un enfoque plural.
A pesar de la complejidad y profundidad de esta problemática, hasta la fecha nuestro país no cuenta con medidas sistemáticas, coherentes, sostenibles y eficientes para enfrentarla. No existen políticas públicas definidas para abordar la violencia y la criminalidad. Por el contrario, las respuestas estatales se han caracterizado por ser reactivas, dispersas, fragmentarias, contradictorias y últimamente, también ideologizadas, sin obtener soluciones eficientes.
Es necesario aplicar políticas públicas de seguridad con una visión integral, para la construcción de modelos o políticas de gestión de la conflictividad, involucrando a la ciudadanía.
Debemos aplicar racionalidad a los recursos existentes, pues lo limitado de los mismos y lo amplio de las demandas que atienden, obligan a optimizarlos para el mejor logro de objetivos.
En este sentido hemos planteado utilizar recursos del Estado y readecuar instalaciones militares para servir como cárceles y así contribuir a descongestionar el sistema penitenciario. Este ha pasado da albergar 2700 presos en 1990 a 7000 en la actualidad, lo cual impide la natural función resocializadora del sistema.
Entendemos necesario cubrir las vacantes generadas en el Ministerio del Interior, mejorando significativamente la remuneración de la Policía, y su preparación. Asimismo consideramos importante generar los instrumentos normativos que habiliten la redistribución de vacantes desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior así como la utilización de recursos militares por ejemplo en la custodia fronteriza basados en la forma exitosa en que han cumplido esta tarea en el exterior en el marco de las Misiones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas. Debemos optimizar los recursos humanos y materiales existentes para dar cumplimiento de la mejor manera posible a dar seguridad a los uruguayos, derecho amparado por el artículo 7 de la Constitución.
El Estado debe reestablecer el principio de autoridad y aplicar la tolerancia cero al delito basado en el pleno ejercicio de la Ley y la defensa de los derechos individuales.
Obviamente cualquier política de seguridad pública debe ser complementada con políticas abarcativas de lo social y educativo, y en ese sentido pensamos en la escuela pública abierta todos los días del año como el agente principal en la interacción y promoción de Valores de la comunidad.
Queremos una sociedad segura, respetuosa del Estado de Derecho, con instituciones sustentadas en servidores públicos honestos, profesionales y confiables, capaces de garantizar la integridad física y patrimonial de la población y el orden público.
Esto nos permitirá sentirnos más seguros y pensar en el mañana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario