Desde que tenemos uso de razón, uno de los principales caballitos de batalla del Frente Amplio fue acusar a los partidos tradicionales de practicar el clientelismo, el nepotismo y el amiguismo político.
Se acusaba a aquéllos de “premiar” a sus votantes o familiares con cargos en la administración pública, de prometer puestos antes de las elecciones para así “comprar” votos y otras yerbas por el estilo.
En el programa de gobierno del progresismo presentado a la ciudadanía antes de las últimas elecciones, se prometía que en caso de alcanzar la izquierda el gobierno, esta práctica iba a ser desterrada, proveyéndose los cargos públicos por concurso, atendiendo a los méritos de las personas y a su “idoneidad” técnica.
Pues bien...
De boca del propio Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, el gobierno reconoció que desde el ascenso del Frente Amplio al poder, han ingresado 11.000 personas a la administración pública. El diputado de Alianza Nacional, Jorge Gandini, por su parte expresó que Rubio se quedó corto, ya que según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) desde mediados de 2004 y fines de 2007 ingresaron 13.374 funcionarios nuevos, siendo en los entes autónomos y servicios descentralizados donde se notó el mayor número de ingresos, pasándose de 30.601 a 45.803 funcionarios. Los contratos a término en tanto, pasaron de apenas 331 en junio de 2004 a 3520 a diciembre de 2007. Todo esto daría la cifra de más de 15.000 personas ingresadas a la administración pública al 31 de diciembre de 2007 (faltan los datos de quienes ingresaron en el 2008 y continúan haciéndolo en el 2009).
El Director de la OPP se apresuró a aclarar (no aclare que oscurece) que no se trata de nuevos ingresos, sino de “regularizaciones” de funcionarios que ya se venían desempeñando en situación precaria, a los cuales ahora se les otorgó estabilidad en los cargos.
“Casualmente”, en pleno año electoral (algo prohibido por la Constitución) continúan ingresando funcionarios a la administración pública, muchos de ellos identificados con el actual partido en el gobierno. ¿No es esto acaso una compra disimulada de votos? ¿Lo mismo que antes tanto se criticaba? (preguntamos simplemente, no afirmamos).
Todos recordamos cuando el actual Intendente Giachetto, a poco de asumir, expulsó 90 trabajadores municipales que habían ingresado en año electoral, porque “dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.
¿No es pues contradictorio lo que ahora hace el Frente Amplio a nivel nacional, ingresando gente a como de lugar (en forma de contratos, “regularizaciones”, “concursos” que dejan mucho que desear...)? ¿Era esta la tan pregonada “reforma del Estado” con la que tanto hizo gárgaras el progresismo?
Llama la atención la incongruencia del gobierno, que mientras por un lado cierra las agencias de ANTEL del interior del departamento, dejando decenas de familias en las calles y aislando localidades enteras, por el otro abre las puertas al ingreso masivo de funcionarios a la administración central (alguien sacó la cuenta de que entran 13 por día).
En fin... Como decían antes, “mala tos le siento al gato”.
Se acusaba a aquéllos de “premiar” a sus votantes o familiares con cargos en la administración pública, de prometer puestos antes de las elecciones para así “comprar” votos y otras yerbas por el estilo.
En el programa de gobierno del progresismo presentado a la ciudadanía antes de las últimas elecciones, se prometía que en caso de alcanzar la izquierda el gobierno, esta práctica iba a ser desterrada, proveyéndose los cargos públicos por concurso, atendiendo a los méritos de las personas y a su “idoneidad” técnica.
Pues bien...
De boca del propio Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, el gobierno reconoció que desde el ascenso del Frente Amplio al poder, han ingresado 11.000 personas a la administración pública. El diputado de Alianza Nacional, Jorge Gandini, por su parte expresó que Rubio se quedó corto, ya que según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) desde mediados de 2004 y fines de 2007 ingresaron 13.374 funcionarios nuevos, siendo en los entes autónomos y servicios descentralizados donde se notó el mayor número de ingresos, pasándose de 30.601 a 45.803 funcionarios. Los contratos a término en tanto, pasaron de apenas 331 en junio de 2004 a 3520 a diciembre de 2007. Todo esto daría la cifra de más de 15.000 personas ingresadas a la administración pública al 31 de diciembre de 2007 (faltan los datos de quienes ingresaron en el 2008 y continúan haciéndolo en el 2009).
El Director de la OPP se apresuró a aclarar (no aclare que oscurece) que no se trata de nuevos ingresos, sino de “regularizaciones” de funcionarios que ya se venían desempeñando en situación precaria, a los cuales ahora se les otorgó estabilidad en los cargos.
“Casualmente”, en pleno año electoral (algo prohibido por la Constitución) continúan ingresando funcionarios a la administración pública, muchos de ellos identificados con el actual partido en el gobierno. ¿No es esto acaso una compra disimulada de votos? ¿Lo mismo que antes tanto se criticaba? (preguntamos simplemente, no afirmamos).
Todos recordamos cuando el actual Intendente Giachetto, a poco de asumir, expulsó 90 trabajadores municipales que habían ingresado en año electoral, porque “dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.
¿No es pues contradictorio lo que ahora hace el Frente Amplio a nivel nacional, ingresando gente a como de lugar (en forma de contratos, “regularizaciones”, “concursos” que dejan mucho que desear...)? ¿Era esta la tan pregonada “reforma del Estado” con la que tanto hizo gárgaras el progresismo?
Llama la atención la incongruencia del gobierno, que mientras por un lado cierra las agencias de ANTEL del interior del departamento, dejando decenas de familias en las calles y aislando localidades enteras, por el otro abre las puertas al ingreso masivo de funcionarios a la administración central (alguien sacó la cuenta de que entran 13 por día).
En fin... Como decían antes, “mala tos le siento al gato”.
ALBERTO LAMAITA ES PROFESOR DE HISTORIA Y DIRIGENTE DE ALIANZA NACIONAL DE FLORIDA
Columna semanal publicada en Diario EL HERALDO, martes 17 de febrero de 2009
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