Desde México, última parada del tour caribeño emprendido por el equipo de gobierno frenteamplista, el Presidente Vázquez, respondiendo a la pregunta de un periodista, manifestó su opinión favorable a la fórmula Astori – Mujica para las próximas elecciones, para entrar luego en una serie de consideraciones sobre la interna de la coalición de izquierdas.
Dice el artículo 77 de nuestra Constitución, inciso 5°: “El Presidente de la República y demás miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.
Si damos por supuesto que el doctor Vázquez conoce el contenido de la Constitución, entonces cabe pensar que sus declaraciones fueron hechas con total intencionalidad, para mandar un “mensaje” a sus dirigidos acerca de cuál es su preferencia electoral, y de paso a toda la población.
El hecho no es novedoso.
Hubo un momento en la historia de nuestro país en que la injerencia presidencial en las cuestiones electorales adquirió el rango de política de estado, al grado tal, que mereció hasta una justificación de parte de un Presidente. Nos referimos a Julio Herrera y Obes (presidente durante el período 1890 – 1894), quien al inaugurar en febrero de 1893 las sesiones de la Asamblea General manifestó:
“Es indudable que el Gobierno tiene y tendrá siempre y es necesario y conveniente que la tenga, una poderosa y legítima influencia en la designación de los candidatos del partido gobernante, y entonces de lo que puede acusársele es del buen o mal uso que haga de esa influencia directriz, pero no de que la ejerza y mucho menos podría decirse racionalmente que el ejercicio de esa facultad importa el despojo del derecho electoral de los ciudadanos”.
Lógica consecuencia de esta forma de entender el ejercicio del poder fue el fraude electoral y el uso de la coacción sobre el votante. Para la historia quedó aquel telegrama enviado por el Coronel Manuel Islas al Presidente anunciando el triunfo de los candidatos oficiales en Trinidad: “Una vez más, en lucha de uno contra cuatro y llena de dificultades, triunfó la lista del Partido Colorado”.
Tan grosero llegó a ser el abuso, que el mismo concitó el rechazo de los propios colorados (Batlle y Ordoñez sería uno de los más acérrimos enemigos de Herrera y Obes). El final de la historia es conocido: en 1897 estalla la revolución nacionalista acaudillada por Aparicio Saravia (sufragio libre y limpio era su principal reivindicación), que culminaría con el asesinato del Presidente Idiarte Borda (sucesor – candidato de Herrera y Obes) el 25 de agosto de ese año y la posterior firma del Pacto de la Cruz (18 de setiembre).
Hoy, 120 años después de los hechos relatados anteriormente, resulta increíble que una fuerza que se presenta a sí misma como la abanderada del “cambio” y respetuosa de la voluntad popular, caiga en vicios y prácticas que se creían definitivamente superadas y que nos hacen retrotraer a los tiempos del más primitivo conservadurismo, con el que el modelo implantado por el Frente Amplio (por más que intente aparentar lo contrario) se asemeja cada día más.
Dice el artículo 77 de nuestra Constitución, inciso 5°: “El Presidente de la República y demás miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.
Si damos por supuesto que el doctor Vázquez conoce el contenido de la Constitución, entonces cabe pensar que sus declaraciones fueron hechas con total intencionalidad, para mandar un “mensaje” a sus dirigidos acerca de cuál es su preferencia electoral, y de paso a toda la población.
El hecho no es novedoso.
Hubo un momento en la historia de nuestro país en que la injerencia presidencial en las cuestiones electorales adquirió el rango de política de estado, al grado tal, que mereció hasta una justificación de parte de un Presidente. Nos referimos a Julio Herrera y Obes (presidente durante el período 1890 – 1894), quien al inaugurar en febrero de 1893 las sesiones de la Asamblea General manifestó:
“Es indudable que el Gobierno tiene y tendrá siempre y es necesario y conveniente que la tenga, una poderosa y legítima influencia en la designación de los candidatos del partido gobernante, y entonces de lo que puede acusársele es del buen o mal uso que haga de esa influencia directriz, pero no de que la ejerza y mucho menos podría decirse racionalmente que el ejercicio de esa facultad importa el despojo del derecho electoral de los ciudadanos”.
Lógica consecuencia de esta forma de entender el ejercicio del poder fue el fraude electoral y el uso de la coacción sobre el votante. Para la historia quedó aquel telegrama enviado por el Coronel Manuel Islas al Presidente anunciando el triunfo de los candidatos oficiales en Trinidad: “Una vez más, en lucha de uno contra cuatro y llena de dificultades, triunfó la lista del Partido Colorado”.
Tan grosero llegó a ser el abuso, que el mismo concitó el rechazo de los propios colorados (Batlle y Ordoñez sería uno de los más acérrimos enemigos de Herrera y Obes). El final de la historia es conocido: en 1897 estalla la revolución nacionalista acaudillada por Aparicio Saravia (sufragio libre y limpio era su principal reivindicación), que culminaría con el asesinato del Presidente Idiarte Borda (sucesor – candidato de Herrera y Obes) el 25 de agosto de ese año y la posterior firma del Pacto de la Cruz (18 de setiembre).
Hoy, 120 años después de los hechos relatados anteriormente, resulta increíble que una fuerza que se presenta a sí misma como la abanderada del “cambio” y respetuosa de la voluntad popular, caiga en vicios y prácticas que se creían definitivamente superadas y que nos hacen retrotraer a los tiempos del más primitivo conservadurismo, con el que el modelo implantado por el Frente Amplio (por más que intente aparentar lo contrario) se asemeja cada día más.
Columna publicada en Diario EL HERALDO, martes 1º de julio de 2008
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