Senador Carlos Moreira. Tenemos un régimen carcelario que sólo sirve para reciclar delincuentes

Si bien en su pasaje por el Parlamento el texto fue corregido, mejorado y atenuado, la Ley de Ordenamiento Territorial está inspirada en “la desconfianza hacia los propietarios; como si la propiedad fuera un robo y ser propietario fuera un pecado”, afirmó el senador Carlos Moreira durante la entrevista mantenida con La Democracia. En cambio, consideró que la Ley de Procedimiento Policial que finalmente se aprobó “establece un buen equilibrio entre la seguridad que se le da al policía para ser más eficiente y los derechos individuales de los ciudadanos”, aunque “el Frente Amplio estuvo a punto de aprobarla, tal como venía de Diputados, con normas inconvenientes, inconstitucionales o excesivamente discrecionales”.

Por Anibal Steffen

¿Qué opina de la ley de Ordenamiento Territorial recientemente aprobada por el Parlamento?

El proyecto está inspirado en una filosofía de planificación, tiene una mirada muy urbana, atiende una realidad muy montevideana. Es sumamente complejo ya que se crean más de veinte instrumentos de ordenamiento territorial, que van a formar una gran burocracia que entorpecerá todos los trámites de fraccionamientos. Con el avance de la marginación y de los asentamientos, cada día es más necesario urbanizar para asentar gente en forma regular. Esta ley, al contrario de lo que se necesita, no contiene ningún tipo de solución para el problema de los asentamientos irregulares. Solamente la reducción de la prescripción de 30 a 5 años, lo que será fuente inagotable de problemas jurídicos. Se refiere a núcleos en situación de pobreza, pero no define la pobreza ni el concepto de núcleo familiar.
Será un elemento muy distorsivo que ya se está notando, porque apenas se aprobó la ley volvieron a haber ocupaciones. Ha sucedido, por ejemplo en Maldonado en los últimos días.

¿La ley entonces favorece o estimula las ocupaciones ilegales?

Por ejemplo, al prever una prescripción a los cinco años, en tono muy difuso y genérico, modificando el régimen anterior, en alguna medida propicia esos fenómenos que nunca son buenos. Por el contrario, se debe urbanizar fraccionando, convirtiendo a la persona en propietario, con orden.

¿Hay opiniones técnicas que avalen las críticas a la nueva ley?

La Asociación de Agrimensores ha tenido críticas muy duras. Por ejemplo, porque quien urbaniza tiene que poner de su cargo todos los elementos de infraestructura y servicios, hasta el alumbrado público que siempre fue responsabilidad de las intendencias y lo cobran en las tasas. Esto va a hacer que sólo se fraccione para los ricos. Porque en terrenos de bajo valor, para sectores más humildes, es prácticamente imposible que quien fraccione tome a su cargo el costo de toda la infraestructura, que por otra parte después se cobra en las tarifas públicas.
La ley tiene otras disposiciones que yo diría que conculcan el derecho de propiedad. No el derecho de propiedad antiguo, del código napoleónico, en el que cada cual podía hacer lo que se le antojara con su propiedad. El derecho de propiedad, como todo derecho constitucional, tiene limitaciones por razones de interés general, que deben ser, en cada caso, objeto de un pronunciamiento legislativo. En cambio, acá se puede limitar el derecho de propiedad por resoluciones administrativas de índole menor y secundaria, y de alcance individual y no general como la ley.

¿La propia ley da esas potestades?

Sí. Las delega en los gobiernos departamentales ya que éstos, por norma de jerarquía muy inferior a la ley nacional, pueden hacer limitaciones al derecho de propiedad, lo que a mi juicio es claramente inconstitucional. Hasta se puede afectar, con efecto retroactivo, algunas urbanizaciones, construcciones o actos del propietario anteriores a la vigencia de la ley.
La norma modifica el régimen de expropiaciones. La Constitución dice que las expropiaciones deben ser resueltas por ley, por razones de necesidad pública, en cada caso. Y además nadie puede ser privado de su propiedad sin previa y justa indemnización. El proyecto preveía que se pudiera expropiar, por ejemplo, pagándole no por el valor venal de su inmueble, por lo que vale, sino por el promedio del valor venal de los últimos 10 años, que sería muy inferior.

¿Eso no llegó a aprobarse, verdad?

No, lo discutimos en la comisión y se modificó. Pero lo señalo para poner en evidencia lo que era la orientación y la filosofía de esta ley. La ley está impregnada de desconfianza hacia los propietarios. Como si la propiedad fuera un robo. Como si ser propietario fuera un pecado. Como si hubiera que estar vigilando permanentemente al propietario e imponiéndole un conjunto interminable de deberes. Para revelar la filosofía inspiradora de esta ley le señalo, por ejemplo, que consagraba el deber del propietario de edificar. A un gobierno departamental se le podía ocurrir decirle al propietario de un terrenito: usted tiene que edificar. Y si no puede edificar porque no tiene dinero, se lo podía expropiar y tal vez sin indemnizarlo siquiera, por incumplir con su deber. Bueno, peleamos y sacaron esa disposición. Pero es apenas una muestra de los interminables deberes que se imponen al propietario, con espíritu fundamentalista, y que quedan librados a la voluntad del gobierno departamental. Por eso creo que en esta ley hay normas que van a desestimular la inversión.
Ya se han alzado voces, especialmente de emprendedores inmobiliarios en Punta del Este por muchas de las normas de esta ley, que prevé hasta la expropiación por incumplimiento de los deberes territoriales y se declara de utilidad pública con carácter general (se abandona la idea de que la ley en cada caso debe declarar la utilidad pública) de aquellos inmuebles en estado de abandono que teniendo potencialidades productivas y utilidad social no hayan sido explotadas por más de 10 años.
Todos sabemos que en los principales balnearios y en muchas zonas de Montevideo, hay terrenos que por coyunturas de tipo económico, de inversión, de lo que requiere el mercado inmobiliario, pueden estar 10 o 15 años sin edificar. O en barrios humildes, gente que compró un terrenito y está esperando juntar la plata para empezar a construir. Es una norma muy peligrosa y muy poco clara.

¿Quién redactó esa ley?

Es una ley redactada por arquitectos. Los arquitectos tienen muchas condiciones para programar y construir cosas muy bellas, pero para redactar leyes, no. Entonces está hecha en un lenguaje confuso, ambiguo y poco jurídico. Algunas de sus disposiciones son ininteligibles y eso que se ha mejorado mucho y también se han corregido un montón de inconstitucionalidades, para lo cual hemos tenido que pelear mucho en ese sentido en la comisión.
Mi experiencia como gobernante municipal me indica que esa ley, en los hechos, no se va a aplicar. Porque todos los gobiernos departamentales van a tener que dictar normas y crear instrumentos para adecuarse a una serie de conceptos nuevos, copiados de realidades europeas que nada tienen que ver con la nuestra.

¿Quedó conforme con la forma en que salió la ley que establece un protocolo para la actuación de la policía?

Es un buen instrumento legal, que venía muy mal. Llegó al Parlamento con algunos artículos que daban facultades discrecionales a la policía y que vulneraban derechos fundamentales de los ciudadanos: por ejemplo el de la solicitud de identificación tal como venía del Ejecutivo o el que preveía la incomunicación de las víctimas y de los testigos; el que permitía el ingreso a la morada en horas de la noche que era manifiestamente inconstitucional; en fin, un conjunto de normas que habilitaban una discrecionalidad en la actuación policial que no se condice con el espíritu de la constitución ni con las normas que conforman nuestro Estado de Derecho y menos aún con la filosofía que siempre llevó adelante el Frente Amplio, que eternamente se quejó de la prepotencia policial, del exceso, de la severidad de los procedimientos.

Pero lo que finalmente se aprobó parece satisfactorio.

El instrumento en términos generales es bueno. Establece con mucho lujo de detalles todas las fases de la actuación policial, principios, reglas, un marco preciso, para que el policía no tenga dudas a la hora de actuar y no caiga en omisión y mire para el costado por temor a ser sancionado.
Para seguridad del policía, ahora tiene un marco con la jerarquía de la ley, no del mero reglamento administrativo escrito por el Jefe de Policía de turno. Incluso se establecen los límites de la obediencia debida: si la orden que le da un comisario a un agente de segunda es manifiestamente ilegal, no tiene que cumplirla, tiene que desobedecerla. Eso es sentar un buen principio.
La ley establece un buen equilibrio entre la seguridad que se le da al policía para ser más eficiente y los derechos individuales de los ciudadanos.

Es curioso como un gobierno que era tan permisivo en materia de seguridad, de pronto cambia y termina queriendo imponer normas policiales de gran severidad que afectan los derechos del ciudadano.

Sí. Este gobierno comenzó encarando el tema de la inseguridad ciudadana con una mirada muy indulgente hacia los delincuentes y muy prescindente para con las víctimas. El ex ministro Díaz parecía más un sociólogo que un Ministro del Interior. Él mismo lo reconocía cuando afirmaba que las normas que tienden a acentuar el rigor atacan más las consecuencias que las causas. Si un Ministro del Interior no mira las consecuencias, que se dedique a ser Ministro de Desarrollo Social. El Ministerio del Interior es el que debe prevenir y reprimir con la policía, cuerpo armado estatal que tiene la potestad del ejercicio de la fuerza. Sobre las causas deben trabajar los ministros de economía, trabajo, desarrollo social, etc., pero no el del Interior.

En un momento pareció que el Frente Amplio lo iba a votar como venía del Ejecutivo.

Es cierto. La ley es buena, con las correcciones que nosotros promovimos y corredactamos con el gobierno, pero que estuvo a punto de aprobarse en la última sesión del Senado, tal como venía de Diputados, con normas inconvenientes, inconstitucionales o excesivamente discrecionales. El Frente Amplio llegó a sostener en la sesión del senado que se votaba igual así para evitar que fuera a la Asamblea General, donde requería dos tercios de los votos, porque tenían la desconfianza de que el Partido Nacional no la votara. Tuvo que mediar la decidida intervención del Presidente del Directorio, el Senador Jorge Larrañaga, asumiendo el compromiso en nombre del Partido. ¿Qué forma de legislar es esa que, amparada en la mayoría absoluta, legisla mal para después corregir?

Bueno, hay antecedentes…

Claro, ya lo hicieron con la reforma tributaria, con la ley de tercerizaciones, con el FONASA, y lo iban a hacer con la ley de procedimiento policial.
Por suerte en esta oportunidad la intervención de Larrañaga logró que, por unanimidad, la Asamblea General votara un buen Código de Procedimiento Policial. Claro que con esto no solucionamos todos los temas de seguridad que tiene el país. No tendrá un efecto mágico. Habrá que operar sobre muchas cosas: recursos presupuestales, capacitación, proceso de selección de personal policial. Y además un sustancial cambio en la orientación del sistema carcelario uruguayo.
Díaz demostró estar totalmente equivocado. Creyó que liberando presos iba a solucionar el hacinamiento en las cárceles. Los presos están más hacinados hoy que antes de que se liberaran en forma abrupta más de 800.
Hoy hay casi 8.000 en el sistema. Como ejemplo, en el año 90, cuando ocupamos con el Dr. Ramírez la titularidad del ministerio, había 2.800.
Claro, en el año 90 había 50 mil hurtos por año. Ahora hay 100 mil. Y había 2.500 rapiñas. Ahora hay 9.200. La realidad ha cambiado radicalmente. Y hoy tenemos un sistema carcelario que lo que hace es reciclar delincuentes. La reincidencia hoy es del 60%.
Es imprescindible construir nuevas cárceles o habilitar lugares que ya son de dominio estatal y están destinados a otros fines y convertirlos en centros de reclusión. Es una propuesta que hemos hecho encabezados por el Dr. Larrañaga y tanto la Ministra

Lo invito a cambiar de tema. ¿Cómo está viendo el tema de Pluna?

Esta semana tuvimos una mala noticia: que se van a suspender los vuelos a Madrid. Y también que hay que pagar como 20 dólares por cada valija.
No me sorprende. Al margen de los problemas que, al igual que a las demás aerolíneas, le puede estar ocasionando esta suba inaudita del precio de los combustibles, los anuncios de Pluna siempre son en contra de todos los planes anunciados por la empresa Leadgate, que prometió villas y castillos, cuando se presentaron a aquel llamado del cual se enteraron ellos y algunos amigos de ellos, que hizo Ficus Capital, cuando comenzó todo este proceso de asociación, proceso que yo siempre lo definí como poco transparente y que fue cambiando, siempre en contra de los intereses del Estado. Primero iban a poner una bolsa de plata, después garantías, después no pusieron garantías. Se compraron 7 aviones Bombardier por más de 200 millones de dólares y la garantía la puso toda el estado uruguayo. Esta gente no puso nada.

Y ahora no cumple con el plan de negocios…

Nunca cumplió con el plan de negocios. Iba a comenzar en el 2007 con esas frecuencias que ahora anuncian a Córdoba y Rosario y no comenzó nada. Iba a volar a Madrid prácticamente todos los días. Ahora no va a volar ni un día. Por otra parte los aviones que se iban a comprar no eran Bombardier eran Embraer y Airbus. No cumplieron nada. Y hasta vendieron la sucursal en Buenos Aires que estaba ubicada en Florida y Lavalle. Y el estado uruguayo ha capitalizado en cifras astronómicas que todavía no sabemos a cuánto alcanzan. Y me gustaría saber cómo venimos con la cuenta de combustibles de Pluna con Ancap, que además está subsidiado.
Veremos cuál es la próxima novedad que nos depara el señor Campiani.
Ojalá al final resulte bien. Pero creo que se ha hecho un pésimo negocio que puede tener un costo inmenso para la sociedad uruguaya. Porque hemos asumido una deuda de 200 millones de dólares por la garantía de estos aviones Bombardier. Y la única garantía que pone la empresa es la prenda de los aviones que, cuando empiezan a volar ya se están depreciando. En definitiva la única garantía es el Estado uruguayo, que tiene apenas el 25% de la empresa. La gestión es de ellos y la seguimos esperando.

¿No pasará lo mismo con AFE?

Esperemos que no. Creo que vamos en un camino diferente. Pero hay también un decreto que autoriza la asociación de AFE con privados, constituyendo una sociedad anónima en el ámbito de las facultades de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se ha creado algo que se llama la Corporación Ferroviaria del Uruguay. Ayer, junto al senador Abreu tuvimos una reunión con el Presidente de AFE hablando de ese tema. Aparentemente comenzaría una rehabilitación de vías férreas, sobre todo para el transporte de cargas. Y se realizaría una asociación con privados, que vamos a seguir muy atentamente. Estas asociaciones con privados que siempre fueron demonizadas por el Frente Amplio, hoy parecen ser el desideratum. Lo peor es que los negocios que ha hecho el gobierno del Frente Amplio en esta materia son los menos transparentes de la historia.
Cuando Pluna se asoció con Varig (que era la cuarta línea aérea del mundo) se hizo una licitación pública internacional. Y ahora, cuando se asoció con Leadgate, sociedad panameña que no la conocen ni los dueños, el procedimiento no fue competitivo y fue observado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas. Por eso vamos a seguir muy de cerca también el proceso de asociación de AFE con privados. del Interior como el de Defensa fueron muy receptivos. La idea es instalar centros de reclusión para primarios de baja peligrosidad, gente que se puede recuperar con experiencias de trabajo, de estudio, para convertirlos en ciudadanos de primera categoría. Por ellos y por el resto de la sociedad, que es víctima de la inseguridad, un tema que hoy debería ser prioridad de cualquier gobierno.