LA “JUSTICIA DISTRIBUTIVA”

Según datos proporcionados por la O.N.S.C (Oficina Nacional del Servicio Civil) y reproducidos por la prensa, entre el 1° de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007 la plantilla de funcionarios públicos aumentó en 11731 personas, alcanzando hoy a 241681 el número de empleados estatales (muchos incluso con más de un empleo). Con respecto al personal no funcionario público, hay 2641 becarios, 832 pasantes, 790 arrendamientos de obra, 3520 contratos a término y 5148 contratos de diversa índole.

El mismo día que se daban a conocer estas cifras, la prensa se hacía eco del malestar reinante en la O.NA.J.P.U (Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay) tras el encuentro mantenido con el Presidente Tabaré Vázquez y el Ministro de Economía Danilo Astori. Según trascendió, ninguno de los reclamos planteados por la organización de pasivos fue atendido por el gobierno (jubilación mínima de $ 3500, aumentos diferenciales, etc). Lo único concreto que se obtuvo fue la promesa del gobierno de elevar la jubilación mínima hasta $ 2219 (cuando hoy la canasta básica familiar está por encima de los $ 30.000).

Por un lado se sigue engordando el Estado (¡diez personas por día promedio ingresan a la administración pública!); por el otro se le responde a los representantes de los pasivos que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para atender sus demandas.

Resulta inexplicable esta actitud del oficialismo teniendo en cuenta que desde el acceso del Frente Amplio al gobierno éste abrió las puertas al ingreso masivo a la administración pública; un gobierno que además creó un Ministerio supuestamente enfocado al “Desarrollo Social” y que tras tres años y medio de (des) gestión y cientos de millones de dólares despilfarrados no ha logrado abatir los índices de indigencia ni de pobreza. El mismo gobierno que hoy le niega un mísero aumento a los jubilados, pero que duplicó los cargos de confianza y se apresta a votar la equiparación del sueldo de un Ministro al del legislador (lo que equivale a un aumento de casi el cien por ciento); un gobierno que continúa emitiendo bonos de deuda por miles de millones de dólares que nunca se sabe en qué se invierten o gastan; un gobierno que en apenas tres años y medio lleva recorrido gran parte del mundo en las famosas giras presidenciales donde viajan Ministros, empresarios y dirigentes sindicales (¿cuánto le cuestan a Juan Pueblo estos viajes?).

Un gobierno “sensible” que apuesta a la justicia social pero que maquilla las cifras oficiales para ocultar la miseria que vive la mayoría del pueblo, agobiado por una inflación que no ceja y una escalada de impuestos que castiga al que trabaja, no al que más tiene. Un gobierno “humanitario” que acaba de lanzar una campaña contra los niños de la calle, prohibiéndoles recibir monedas ni subirse a los ómnibus.
Un gobierno (y un partido) al que apenas tres años y medio le bastaron para borrar con el codo lo que sostuvo durante 30 años siendo oposición, cuando desde el llano clamaba por los justos derechos de los desposeídos y que hoy, desde la cima, hace lo que antes tanto criticaba, haciendo oídos sordos a las demandas de quienes lo ayudaron a encumbrarse.

Alberto Lamaita es profesor de Historia y dirigente de Alianza Nacional

Columna semanal, publicada en Diario EL HERALDO, martes 29 de julio de 2008