Antes de partir el Presidente Vázquez y parte de su “equipo de gobierno” al tour caribeño, el senador Mujica le entregó a aquél una serie de documentos conteniendo denuncias de supuestos actos de corrupción en el Estado; denuncias que involucrarían en su mayoría a funcionarios de carrera (no a quienes ocupan cargos políticos de confianza, Dios nos libre y nos guarde).
El año pasado, el mismo Mujica había lanzado la idea de crear una especie de policía secreta para seguir de cerca el accionar de los funcionarios públicos, adelantando que algunos militantes del Movimiento de Participación Popular (grupo que lidera el mencionado senador) ya habían comenzado la tarea.
La entrega de los citados documentos al Presidente parece ser la confirmación de la existencia de ese grupo especializado en espiar a los potenciales corruptos.
Muchos simpatizantes del gobierno aplaudieron tal iniciativa, considerándola una cristalización de aquella promesa de la fuerza hoy en el gobierno de llevar “transparencia” y “cristalinidad” al manejo de la cosa pública.
Sin embargo, el hecho resulta preocupante y llama la atención que ningún Partido Político se haya pronunciado sobre el mismo porque, ¿cómo admitir que en un Estado democrático, donde imperan la Constitución y las leyes, un movimiento político monte por sí mismo un aparato de espionaje (¿de qué otra forma se lo puede llamar?), actuando como un Estado dentro del Estado?
¿Quién, de aquí en más, podrá sentirse seguro en su trabajo sabiendo que está siendo vigilado (¿y cómo saber si no están también monitoreando nuestras vidas?)? ¿Quién nos asegura que el día de mañana a cualquier funcionario público que por no comulgar con las ideas del partido hoy en el gobierno no se le fabriquen pruebas y se le denuncie (o amenace con hacerlo) por corrupto? ¿No es ésta una forma de presionar a las personas, de avasallar las voces discordantes, de reprimir a los “disidentes”? ¿Qué garantías tenemos de que el año próximo (año electoral) esto no se transforme en un arma de presión sobre el votante (“si no votás lo que te digo, te denuncio”)?
Es grave el asunto, porque esto presupone la existencia de verdaderos grupos paramilitares (al estilo de las SA o SS nazis) que actúan a la sombra del poder de turno (no queremos creer que también a su amparo) para garantizarle a éste el silenciamiento de la oposición y la represión de la disidencia.
En fin...
El ojo del Gran Hermano Tupamaro pende sobre nosotros, como una afilada espada de Damocles, presto a asestar el golpe sobre cualquiera en el momento menos esperado.
A propósito (y para concluir). Si tan preocupado está el senador Mujica por investigar los hechos de corrupción: ¿por qué no investiga el misterioso robo de trescientos mil euros de la bóveda del Banco República, o la “pérdida” de más de 900 hojas del expediente judicial de Bengoa (que involucraban directamente a Mariano Arana y María Julia Muñoz) o los nunca aclarados hurtos de las cajas fuertes en varias Juntas Locales de Florida?
Digo, para aventar cualquier suspicacia...
El año pasado, el mismo Mujica había lanzado la idea de crear una especie de policía secreta para seguir de cerca el accionar de los funcionarios públicos, adelantando que algunos militantes del Movimiento de Participación Popular (grupo que lidera el mencionado senador) ya habían comenzado la tarea.
La entrega de los citados documentos al Presidente parece ser la confirmación de la existencia de ese grupo especializado en espiar a los potenciales corruptos.
Muchos simpatizantes del gobierno aplaudieron tal iniciativa, considerándola una cristalización de aquella promesa de la fuerza hoy en el gobierno de llevar “transparencia” y “cristalinidad” al manejo de la cosa pública.
Sin embargo, el hecho resulta preocupante y llama la atención que ningún Partido Político se haya pronunciado sobre el mismo porque, ¿cómo admitir que en un Estado democrático, donde imperan la Constitución y las leyes, un movimiento político monte por sí mismo un aparato de espionaje (¿de qué otra forma se lo puede llamar?), actuando como un Estado dentro del Estado?
¿Quién, de aquí en más, podrá sentirse seguro en su trabajo sabiendo que está siendo vigilado (¿y cómo saber si no están también monitoreando nuestras vidas?)? ¿Quién nos asegura que el día de mañana a cualquier funcionario público que por no comulgar con las ideas del partido hoy en el gobierno no se le fabriquen pruebas y se le denuncie (o amenace con hacerlo) por corrupto? ¿No es ésta una forma de presionar a las personas, de avasallar las voces discordantes, de reprimir a los “disidentes”? ¿Qué garantías tenemos de que el año próximo (año electoral) esto no se transforme en un arma de presión sobre el votante (“si no votás lo que te digo, te denuncio”)?
Es grave el asunto, porque esto presupone la existencia de verdaderos grupos paramilitares (al estilo de las SA o SS nazis) que actúan a la sombra del poder de turno (no queremos creer que también a su amparo) para garantizarle a éste el silenciamiento de la oposición y la represión de la disidencia.
En fin...
El ojo del Gran Hermano Tupamaro pende sobre nosotros, como una afilada espada de Damocles, presto a asestar el golpe sobre cualquiera en el momento menos esperado.
A propósito (y para concluir). Si tan preocupado está el senador Mujica por investigar los hechos de corrupción: ¿por qué no investiga el misterioso robo de trescientos mil euros de la bóveda del Banco República, o la “pérdida” de más de 900 hojas del expediente judicial de Bengoa (que involucraban directamente a Mariano Arana y María Julia Muñoz) o los nunca aclarados hurtos de las cajas fuertes en varias Juntas Locales de Florida?
Digo, para aventar cualquier suspicacia...
Nota publicada en el Diario EL HERALDO, martes 8 de julio de 2008
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