Por Julio Cardozo
Esta parece ser la ecuación a la que se “juega” el gobierno para su éxito electoral en 2009.
Esto se desprende de las políticas adoptadas por el gobierno, que tienen un alto impacto -negativo- sobre la clase media. Sobre ella reposa la responsabilidad de toda la solidaridad que el gobierno pretende ofrecer. Con o sin voluntad de hacerlo, el resultado de las principales reformas que este gobierno ha implementado recae económicamente sobre la clase media. Para este gobierno la clase media es “deudora” de la sociedad en su conjunto. Primero el IRPF, luego el FONASA, impactan en la clase media.
Al mismo tiempo hay una suerte de “estatización” de la pobreza. Los planes de asistencialismo crean una dependencia hacia la ayuda oficial –PANES primero, INGRESO CIUDADANO ahora- sin alentar los hábitos de trabajo y una reinserción social sustentable. Se genera una dependencia económica y se asocia reivindicaciones sociales y materiales con reivindicaciones políticas. Los pobres pasan a depender del Estado, y quienes manejan el Estado tienen en los planes asitencialistas una herramienta para conservarse en el Estado.
Concurrentemente a todo esto la desigualdad ha aumentado. Según números del INE en 2002, el 10% más rico de la población uruguaya percibía ingresos 18.6 veces superiores al 10% más pobre. Curiosamente en 2006 esta relación empeoró, ubicándose en 19.3 veces.
No se nos ocurriría agraviar al oficialismo atribuyendo intencionalidad a este respecto, sin embargo las declaraciones del Director dela OPP reproducidas por la edición de Búsqueda (Búsqueda, 3 de julio, pág. 3) son realmente preocupantes. Según el mencionado semanario, en una charla del funcionario organizada por la Coordinadora O del Frente Amplio, Rubio aseveró que el gobierno y el “aparato” del Frente Amplio deben asegurar que las políticas sociales oficiales se conviertan en votos en 2009. Dijo: “El recambio social de perder algo en los sectores medios y ganar algo en otros es favorable en términos cuantitativos (…)Eso fue lo que hizo Montevideo, corriendo hacia la periferia (…) Si hace el resumen tiene asegurada la elección. Pierde en la clase media pero en términos cuantitativos mata en la otra punta…”.
De los dichos de Rubio podría desprenderse una triste estrategia electoral, asociar el éxito electoral de una fuerza política a la cantidad de pobres que reciben la ayuda oficial. Es la estatización y oficialización de la pobreza llevada al extremo.
En lo personal tenemos una visión diferente del enfoque que deben tener las políticas sociales y su sentido social y político. Las mismas no deben estar dirigidas a sostener proyectos políticos sino integrar a los sectores menos favorecidos a la sociedad, generando condiciones de desarrollo sostenible mediante la educación y el trabajo. El enfoque político supone un sentido de justicia social, el rol del Estado y los privados así como la utilización de determinados recursos en la consecución de un resultado. El crecimiento económico no basta, es necesario redistribución de la riqueza, sin ella no se alcanza la equidad.
Tenemos una realidad social compleja, casi el 50% de los niños uruguayos nacen bajo la línea de pobreza. Somos el país con mayor deserción estudiantil asociada a la pobreza. Mientras que para América Latina, el 43% de los desertores proviene del primer cuartil de ingresos, en Uruguay esa cifra alcanza al 63%; hay 1.606 jefes de hogar que no han tenido ningún acceso a la educación y 5.364 jefes de hogar que no finalizaron la educación primaria. Las políticas sociales en Uruguay a largo plazo pasan por mejorar la calidad del gasto en educación y puestos de empleo genuino. Obviamente se necesitan políticas de alto impacto en lo urgente. Allí se requiere planes sociales donde se asocie la dignidad del trabajo y la contraprestación frente a la ayuda estatal, de modo de contribuir a generar un verdadero sentido de libertad, donde cada uno sea responsable de su destino teniendo igualdad en el acceso de oportunidades. Asimismo, debe revisarse la visión que sobre la clase media se tiene desde el gobierno, debe pasarse de la “culpabilización” por los males del país, por su estímulo. La clase media uruguaya hoy no se siente representada ni defendida por el gobierno.
Una clase media fuerte y amplia ha sido el pilar de nuestra sociedad. La clase media, compuesta por trabajadores tanto del sector privado como público, pequeños empresarios, pequeños productores, profesionales, ha sido base de nuestra sociedad, y hacia el futuro, tener una sociedad pujante y motivada es lo que permitirá que el Uruguay progrese. Para ello se deben generar desde el Estado las condiciones y oportunidades para que los uruguayos de menores recursos transiten hacia un futuro más próspero. El esfuerzo personal, el trabajo de cada uno debe ser el medio para genera los cambios sociales, allí una clase media “oxigenada” será imprescindible.
A diferencia del Director dela OPP , aspiramos que haya más clase media y menos pobres.
Esta parece ser la ecuación a la que se “juega” el gobierno para su éxito electoral en 2009.
Esto se desprende de las políticas adoptadas por el gobierno, que tienen un alto impacto -negativo- sobre la clase media. Sobre ella reposa la responsabilidad de toda la solidaridad que el gobierno pretende ofrecer. Con o sin voluntad de hacerlo, el resultado de las principales reformas que este gobierno ha implementado recae económicamente sobre la clase media. Para este gobierno la clase media es “deudora” de la sociedad en su conjunto. Primero el IRPF, luego el FONASA, impactan en la clase media.
Al mismo tiempo hay una suerte de “estatización” de la pobreza. Los planes de asistencialismo crean una dependencia hacia la ayuda oficial –PANES primero, INGRESO CIUDADANO ahora- sin alentar los hábitos de trabajo y una reinserción social sustentable. Se genera una dependencia económica y se asocia reivindicaciones sociales y materiales con reivindicaciones políticas. Los pobres pasan a depender del Estado, y quienes manejan el Estado tienen en los planes asitencialistas una herramienta para conservarse en el Estado.
Concurrentemente a todo esto la desigualdad ha aumentado. Según números del INE en 2002, el 10% más rico de la población uruguaya percibía ingresos 18.6 veces superiores al 10% más pobre. Curiosamente en 2006 esta relación empeoró, ubicándose en 19.3 veces.
No se nos ocurriría agraviar al oficialismo atribuyendo intencionalidad a este respecto, sin embargo las declaraciones del Director de
De los dichos de Rubio podría desprenderse una triste estrategia electoral, asociar el éxito electoral de una fuerza política a la cantidad de pobres que reciben la ayuda oficial. Es la estatización y oficialización de la pobreza llevada al extremo.
En lo personal tenemos una visión diferente del enfoque que deben tener las políticas sociales y su sentido social y político. Las mismas no deben estar dirigidas a sostener proyectos políticos sino integrar a los sectores menos favorecidos a la sociedad, generando condiciones de desarrollo sostenible mediante la educación y el trabajo. El enfoque político supone un sentido de justicia social, el rol del Estado y los privados así como la utilización de determinados recursos en la consecución de un resultado. El crecimiento económico no basta, es necesario redistribución de la riqueza, sin ella no se alcanza la equidad.
Tenemos una realidad social compleja, casi el 50% de los niños uruguayos nacen bajo la línea de pobreza. Somos el país con mayor deserción estudiantil asociada a la pobreza. Mientras que para América Latina, el 43% de los desertores proviene del primer cuartil de ingresos, en Uruguay esa cifra alcanza al 63%; hay 1.606 jefes de hogar que no han tenido ningún acceso a la educación y 5.364 jefes de hogar que no finalizaron la educación primaria. Las políticas sociales en Uruguay a largo plazo pasan por mejorar la calidad del gasto en educación y puestos de empleo genuino. Obviamente se necesitan políticas de alto impacto en lo urgente. Allí se requiere planes sociales donde se asocie la dignidad del trabajo y la contraprestación frente a la ayuda estatal, de modo de contribuir a generar un verdadero sentido de libertad, donde cada uno sea responsable de su destino teniendo igualdad en el acceso de oportunidades. Asimismo, debe revisarse la visión que sobre la clase media se tiene desde el gobierno, debe pasarse de la “culpabilización” por los males del país, por su estímulo. La clase media uruguaya hoy no se siente representada ni defendida por el gobierno.
Una clase media fuerte y amplia ha sido el pilar de nuestra sociedad. La clase media, compuesta por trabajadores tanto del sector privado como público, pequeños empresarios, pequeños productores, profesionales, ha sido base de nuestra sociedad, y hacia el futuro, tener una sociedad pujante y motivada es lo que permitirá que el Uruguay progrese. Para ello se deben generar desde el Estado las condiciones y oportunidades para que los uruguayos de menores recursos transiten hacia un futuro más próspero. El esfuerzo personal, el trabajo de cada uno debe ser el medio para genera los cambios sociales, allí una clase media “oxigenada” será imprescindible.
A diferencia del Director de
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