Descentralización y equilibrio territorial

La descentralización, de la que tanto se ha hablado y para tantas medidas de gobierno se la ha utilizado sin que la sustancia tenga que ver con el formato; no es un fin en sí mismo sino que por el contrario es una herramienta de gobierno que hay que adaptar a las circunstancias y usarla para cambiar en positivo determinadas realidades como tantos otros instrumentos y procesos en la acción de gobierno sobre un territorio. Es decir, no se trata de reclamar o impulsar la descentralización como una especie de dogma, como un fin en sí mismo, porque aplicada en determinadas materias puede dar los resultados más positivos y deseados y sobre otras puede generar consecuencias desastrosas; todo depende de la realidad territorial o nacional de que se trate y de los problemas concretos que estén planteados en esa sociedad.

Descentralizar es básicamente pero también esencialmente la transferencia de roles o potestades ejecutivas, en determinadas materias de gobierno, desde un ámbito de gobierno central hacia órganos laterales o periféricos en la estructura de gobierno y al mismo tiempo transferir los recursos financieros necesarios y cuantificados de acuerdo a los costos de los roles o funciones que se descentralizan.

En esta materia cada país tiene su propia realidad y por tanto tampoco puede pensarse en que exista un modelo aplicable a todos los casos.En tiempos recientes se han llevado adelante procesos de descentralización y organización territorial en países como Chile o España, de acuerdo a sus propias realidades y en general Europa a nivel de sus distintos países tiene, después de la Segunda Guerra Mundial, un alto grado de organización descentralizada de sus respectivos Estados de tal forma que aquellos cometidos más inmediatos en la vida de la comunidad quedaron reservados a los órganos de gobierno locales o municipales al mismo tiempo que la estructura tributaria fue organizada de tal forma que determinados porcentajes de tributos de percepción nacional o estadual están fijados por Ley y permanecen a nivel de los órganos locales de gobierno, sin ser transferidos a niveles superiores en la organización del Estado, precisamente para financiar esos cometidos inmediatos a nivel de cada localidad dentro de la organización del Estado Nacional.

En el Uruguay fue Wilson Ferreira Aldunate quien impulsó este concepto a la vuelta del exilio europeo y seguramente influenciado por lo que allí vio y estudió. Todos sabemos que el Uruguay, país pequeño en la América del Sur, se caracterizó desde su primera Constitución en 1830 por tener una estructura unitaria y fuertemente centralizada en función de la incidencia que el Puerto de Montevideo y los intereses obvios que en torno al mismo existieron y que determinaron un proceso agudo de concentración del poder no sólo económico o político sino en lo administrativo, lo cultural, lo demográfico y lo social en general.

El presidente blanco Bernardo P. Berro advertía en 1860 que si no se adoptaban medidas urgentes para crear servicios, fuertes y concentraciones poblacionales en el interior asistiríamos con el tiempo a un extraordinario y patológico fenómeno de centralismo en la capital del país y si apreciamos la historia del siglo XX , concluiremos fácilmente en que Berro, no estaba equivocado. Ese proceso desencadenó nefastas consecuencias en lo económico, en lo laboral y en lo administrativo haciendo que los factores económicos, las decisiones políticas, las inversiones y por tanto las fuentes de trabajos también se fueran concentrando y por consiguiente se produjo desde mediados del siglo XX en adelante una fuerte corriente emigratoria interna que fue dejando paulatinamente despoblada buena parte del centro, del norte y del este del país y al mismo tiempo, como el anverso de una medalla una tremenda concentración poblacional con consecuencias y derivados que constituyen hoy los problemas más serios que en lo social, en lo educativo y en lo cultural sufrimos, desvelos de nuestro tiempo sin que tengamos o surja del sistema político la solución transformadora y frente a los cuales, gobierno tras gobierno, aplicamos cataplasmas o remedios asistencialistas que no corrigen la esencia de la patología de la que hablaba Berro.

Ferreira Aldunate que había impulsado como Ministro de Ganadería los estudios y diagnósticos de la CIDE, siendo éstos los primeros estudios que apuntaron a las causas profundas de los problemas que ya a fines de la década de los años 50 y de los 60 se estaban manifestando en la realidad social uruguaya, que presentó luego en 1971 un programa de gobierno como candidato a la presidencia de la república, con ideas transformadoras y fuertemente apoyadas en ese estudio de la CIDE, apuntando fuertemente al desarrollo integral del Uruguay y de su territorio, es el mismo estadista que al retorno del exilio en la década de los 80, lanza en el pensamiento nacional la idea de la descentralización del Estado y plantea incluso un proyecto de ley que creaba una oficina, a nivel de Presidencia de la República, la ODATE (Oficina de Descentralización y Acondicionamiento Territorial) estableciendo cometidos de impulsar transferencia de potestades del gobierno central hacia gobiernos departamentales o locales, la coordinación de cometidos en pro del desarrollo nacional de organismos de gobierno nacional y gobiernos departamentales, la coordinación entre gobiernos departamentales para impulsar políticas de desarrollo regional y el fortalecimiento de las estructuras locales para poder cumplir con eficiencia los nuevos cometidos.

Algunas de estas ideas inspiraron la reforma constitucional de 1996 y en la misma el Partido Nacional logró introducir algunas conquistas, en el marco de la negociación que hubo que hacer, como crear la Comisión Sectorial de Descentralización, con representación de las Intendencias Departamentales, dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto así como la creación del llamado Fondo de Desarrollo del Interior, con recursos que le pertenecen y le son transferidos a los gobiernos departamentales para impulsar obras de infraestructura o planes de desarrollo local así como acciones coordinadas con los ministerios correspondientes del gobierno central en dichos planes.En la última elección nacional los Blancos propusimos en el plan de gobierno la creación de las agencias regionales para el desarrollo, que implicaban no más burocracias e ineficiencia, sino ámbitos de coordinación técnica entre gobiernos departamentales y organismos del gobierno nacional, integrando inversiones y capitales privados, en pos del desarrollo de áreas o zonas focalizadas y determinadas del territorio nacional para impulsar y ejecutar acciones en pro del desarrollo de las mismas.Como dije anteriormente, la descentralización no es un fin en sí mismo, y hay materias como el de la vialidad y el transporte automotor, que en el Uruguay siempre se ha reservado como materia estrictamente municipal o departamental, que a nuestro entender con los avances de la tecnología y el mejoramiento de la red vial nacional ya no se justifica que permanezcan en el ámbito reducido y separado apenas por minutos, de una localidad o municipalidad y por tanto deben ser reguladas y orientadas en función de normas o políticas encaradas en el plano nacional, teniendo en cuenta además la pequeñez territorial del país.Pero hay acciones en el Uruguay de hoy en materia de planificación, construcción y refacción o mantenimiento de infraestructuras para la educación, para la salud o para la seguridad pública en las que el Estado sería más eficiente, gastaría mucho menos y se ejecutarían bajo el control más directo de la comunidad beneficiaria. Por tanto se ahorraría en burocracia, se adoptarían decisiones más correctas y se controlaría infinitamente mejor si las mismas se adoptaran y se ejecutaran bajo la autoridad y control de las estructuras de gobierno a nivel departamental o local. Al mismo tiempo tener las autoridades locales la potestad de definir a nivel regional, en acuerdo con otros gobiernos locales y coordinando con los organismos competentes a nivel nacional, la existencia de programas de desarrollo y acciones concretas, abriendo las puertas a la inversión privada, para regiones o zonas deprimidas, despobladas e ignoradas en el interior del país, por fuera del ámbito de poder de las estructuras centralizadas y burocráticas del gobierno central, sería el comienzo de un tiempo nuevo para el Uruguay y lo que es más importante, implicaría comenzar a restablecer los equilibrios territoriales y poblacionales rotos desde hace décadas en un país con apenas poco más de tres millones de habitantes y con todos los recursos naturales necesarios para vivir con mayor inclusión social y equidad. Esto significa apuntar y caminar hacia un país más integrado, con una clase media fortalecida que vuelva a asegurar la estabilidad política y a neutralizar los conflictos sociales y eso no es otra cosa que consagrar la llamada comunidad espiritual de la que tanto hablara Wilson en su concepción liberal y nacionalista, fortaleciendo el alma nacional y al mismo tiempo la vigencia de las libertades y de la economía de mercado, pero en una concepción solidaria o igualitaria que implica generar, dentro de lo que sea posible, igualdad de oportunidades para los hijos de esta tierra.