LA INSERCIÓN EXTERNA Y LA SITUACIÓN INTERNACIONAL
Las discrepancias e indefiniciones que afectan a la política económica del Gobierno se reiteran y reflejan en las contradicciones y vacilaciones estratégicas en la inserción externa del país. La orientación y la participación en negociaciones internacionales son el reflejo de la dualidad en el Gobierno. La apreciación del interés nacional es frecuentemente sustituida por las afinidades políticas e ideológicas.
El Uruguay no puede ignorar que la globalización es el ambiente en que debemos vivir y actuar. Negar la realidad no es una vía lógica para transformarla. Sin embargo, el partido de gobierno sigue haciendo gala de un voluntarismo irresponsable y busca en los favores de gobiernos supuestamente afines, las soluciones a cuestiones estratégicas que solo pueden alcanzarse con coherencia, perseverancia y una interpretación clara de los intereses nacionales, que son algo muy diferente de los gustos y afinidades políticas.
Para el PN las bases de la estrategia de inserción externa deben ser:
• Promover las transformaciones en la estructura productiva que faciliten la integración en el mercado global, y reduzcan la vulnerabilidad de la economía.
• Defender la economía de vecindad y el Mercosur posible como instrumento de ella, con el doble propósito de explotar las ventajas propias de su naturaleza y convertir a la región en base, no excluyente, de proyección hacia el resto del mundo.
• La diversificación de las relaciones económicas y la captación de inversiones.
• Apoyar la preservar y el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y utilizar todos sus mecanismos, en función de los intereses nacionales.
• La política comercial debe estar dirigida a promover el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad, y a defender las condiciones de competencia para la producción y el trabajo nacional, tanto en el mercado doméstico, como en los mercados externos y no a proteger la ineficiencia.
En el manejo de la política exterior, la improvisación, la ignorancia y la falta de tacto, han fragilizado el país y profundizado su vulnerabilidad. Las posiciones contrapuestas de la Cancillería por un lado, y los Ministerios de Economía e Industria por otro, sobre la estrategia a seguir en el Mercosur y la profundización de las relaciones comerciales con los Estados Unidos, afectaron la solidez de las posiciones del Uruguay en esos ámbitos y debilitaron la capacidad de negociación. En el caso del conflicto con la Argentina por las inversiones en plantas de producción de celulosa, una posición nacional inicialmente sólida y respaldada por todos los partidos políticos, se fue debilitando con sucesivos errores y declaraciones o comunicaciones inoportunas e inapropiadas. Las dudas del Gobierno sobre la profundización de las relaciones con Venezuela, fueron dando paso a una intimidad creciente, que se construye a partir de una aceptación de la seducción y dadivosidad que emplea Chávez en la región para ganar adeptos. La erosión progresiva y persistente de la democracia venezolana y las consecuencias de esa aproximación en el plano internacional, parecen no importar frente a la simpatía política y a la visión antiimperialista obsoleta de la mayoría de los sectores del partido de Gobierno.
Uruguay no está jugando el papel que debería en la promoción de soluciones y alternativas de concordia para el Mercosur y la región. Se convirtió en parte de los conflictos y la fragmentación. Recuperar ese rol requiere una aproximación objetiva a las circunstancias actuales, una visión clara y única de los intereses nacionales, y el orden, habilidad y profesionalismo del que carece nuestra Cancillería.
LA REFORMA DEL ESTADO
El Gobierno anunció la decisión de encarar la reforma del Estado, la calificó como la “madre de todas las reformas”. Sin embargo, los anuncios concretos realizados soslayan las reformas de fondo y se limitan al tratamiento de aspectos secundarios o a la introducción de instrumentos políticos. Las posibilidades de desburocratización son vagas, no se piensa modificar el estatuto de las empresas públicas, se confunde la descentralización con un proyecto de municipalización erróneo e inconstitucional, y se soslaya la cuestión de los recursos humanos del Estado. El Gobierno pretende cambiar algunos aspectos o elementos de la gestión pública, sin modificar la esencia de la organización, la gestión y la administración de los recursos humanos del Estado.
El Gobierno sucumbió antes de empezar a los grupos de presión política – los sindicatos del sector público, las corporaciones formadas alrededor de las empresas públicas y los sistemas de salud y educación pública, y los beneficiarios del sistema de seguridad social – que hasta ahora tuvieron la suficiente fuerza para bloquear todos los cambios importantes que se intentaron en el pasado, y que tienen vinculaciones históricas con el FA.
La simple visión de una gestión pública que integre el ámbito nacional y local y busque las combinaciones óptimas de descentralización funcional y territorial, debe ser la meta y el principio de la descentralización y un pilar básico de toda la RE.
No se puede concebir una reforma del Estado que no incluya a las empresas públicas. La combinación entre los monopolios de servicios básicos en manos de estas empresas, su capacidad para manejar los sectores respectivos en función de sus intereses corporativos, y la debilidad del Gobiernos para imponer políticas y estrategias y controlar la prestación de los servicios, constituyen un factor limitante del desarrollo nacional en áreas tan críticas como la energía, las telecomunicaciones y el suministro de agua potable y saneamiento. Es necesario recuperar la responsabilidad de los Gobiernos en la formulación de políticas, la planificación sectorial y el control de los operadores, estableciendo una clara diferenciación de roles entre el Poder Ejecutivo, las unidades reguladoras y los operadores comerciales e industriales. Es necesario también abrir los sectores, mediante competencia horizontal o confrontación de intereses de tipo vertical, sustituyendo, en la medida de las posibilidades económicas y operativas, las actuales empresas con altos grados de integración vertical y territorial, por unidades de negocio diferenciadas por etapas de proceso o áreas de gestión territorial.
Para el PN la reforma debe ser enfocada como un instrumento de desarrollo y equidad y como la base de relacionamiento entre el Estado y sus súbditos, propio de un sistema democrático. Debe tener como objetivo central convertir al Estado en instrumento eficaz y eficiente del desarrollo social y económico y el bienestar de los uruguayos. La reforma debe buscar ganar eficacia y eficiencia en la actividad del Estado, para que la gestión pública y la organización del Estado sean instrumentos y no obstáculos para el desarrollo social y económico y la aplicación de las políticas públicas.
Dentro de ese objetivo las prioridades deben ser:
• La descentralización territorial de la gestión, concebida como transferencia a los niveles locales de las decisiones y responsabilidades operativas y los recursos para llevarlas a cabo.
• La desregulación de las actividades empresariales, de organizaciones no gubernamentales y personales, que preserve el rol del Estado como orientador, regulador y garante.
• La desmonopolización y la recuperación efectiva de la responsabilidad del Gobierno en la definición de las políticas, la planificación y el control de los operadores en los sectores de servicios públicos básicos.
• La transparencia y responsabilidad de la gestión pública.
EL HILO CONDUCTOR. LO QUE DEBERÍA SER
La gestión pública, especialmente en tiempo de reformas trascendentes, tiene que responder a un “proyecto de país”, entendido como la visión realista sobre la sociedad que queremos. El “proyecto de país” es necesario como fuente de los objetivos y ordenador de la gestión pública, y para la búsqueda de consensos nacionales y la medición de los resultados de la gestión. Define los objetivos de la gestión pública, a partir de los cuales se formulan las políticas básicas y se identifican los procesos de transformación, que conducirán desde la situación actual al país deseado. Las políticas básicas comprenden: a) la organización de la sociedad y la preservación de las libertades públicas; b) la política social, es decir la administración de la solidaridad en las relaciones internas de la sociedad para atender la satisfacción de las necesidades esenciales de todos sus integrantes y generar oportunidades para el cumplimiento de sus expectativas; y c) la política económica, es decir como se regula y se promueve la generación de la riqueza que permitirá aplicar la política social.
Las políticas básicas se desdoblan en políticas instrumentales transversales, como son la política exterior, la política asistencial o la política tributaria, y sectoriales, como son la energética, la salud o el desarrollo agrícola.
El empleo y el salario y la preservación del medio ambiente constituyen la “bisagra” principal entre la economía y el bienestar de la sociedad.
El proyecto de país no puede ser un modelo aislado, debe integrarse social, política y económicamente en un mundo cada vez más interdependiente y condicionante de las posibilidades de los países. La estrategia de inserción externa es el puente entre la sociedad y las oportunidades y amenazas que se generan en el medio externo. Un proyecto realista de país tiene que asumir las posibilidades y condiciones derivadas de su contexto externo. La promoción y defensa de los intereses nacionales es una función esencial del Estado.
La gestión pública debe seguir un “hilo conductor”, que la ordena a partir de sus objetivos finales, y hasta la misma gestión cotidiana.
Para el PN, la sociedad es una necesidad de los individuos y el Estado una necesidad de la sociedad. El bienestar de los individuos y la armonía en la sociedad son la razón de ser del Estado, cuyo rol es orientar y regular las relaciones dentro de la sociedad y garantizar la libertad y los derechos de los individuos.
La meta es una sociedad democrática y solidaria, que asegure a sus integrantes un acceso igualitario a los elementos esenciales del bienestar, a su realización como individuos y al ejercicio de sus libertades. El equilibrio entre las libertades individuales y los objetivos sociales es la esencia y el rasgo distintivo de esta visión de la sociedad.
La generación de la riqueza es el rol del sector privado, en una economía de mercado de base competitiva orientada y regulada por el Estado en función de los objetivos sociales. La administración de la solidaridad, que incluye la distribución de la riqueza generada en la economía, es una función del Estado.
En un sistema democrático representativo, el gobierno y la oposición pueden compartir o disentir en sus visiones sobre el proyecto de país, pero deben encontrar las fórmulas que conciten el respaldo mayoritario y al mismo tiempo reconozcan y respeten los derechos y aspiraciones de las minorías. En el Uruguay de hoy, sin embargo, la metodología política del partido de gobierno, excluye el diálogo y la concertación, en aras de preservar su unidad amenazada por las propias divergencias internas.
CONCLUSIONES
En dos años y medio el Frente Amplio puso en evidencia su incapacidad para gobernar el país.
Las diferencias ideológicas y políticas internas no permitieron definir un proyecto de país y un hilo conductor que ordenara y diera coherencia a la gestión. Los compromisos con sectores sociales y sindicales condicionaron las reformas que se trató de impulsar. Las contradicciones e indefiniciones generaron un ambiente de incertidumbre, postergan las soluciones a problemas fundamentales, como la seguridad ciudadana, y crean nuevos como sucedió con la reforma tributaria y se vislumbran en la salud y la educación.
El Presidente actúa más como Jefe de Estado de cómo Jefe de Gobierno, centrando su actividad en arbitrar disputas entre sus Ministros y en promover acuerdos precarios dentro del partido de gobierno, en lugar de definir políticas nacionales y orientar la gestión del Gabinete.
El Consejo de Ministros, a pesar de incluir a los líderes de la mayoría de los sectores con representación parlamentaria, resultó inoperante como puente entre el Ejecutivo y los legisladores del FA. El resultado es una gobernabilidad precaria y llena de transacciones e inconsistencias.
La mayoría parlamentaria del FA, que hubiera sido un instrumento importante para un gobierno con objetivos y políticas definidas y coherentes, sirvió como escudo para impedir la discusión parlamentaria, cerrar los caminos a cuestionamientos al Gobierno y amparar medidas o acciones ilegales o inconstitucionales. La mayoría se convirtió en una barrera entre el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas, que bloquea el ejercicio de las funciones naturales del Parlamento como institución formadora de acuerdos nacionales y controladora de la gestión del Ejecutivo. Todo se negocia y resuelve dentro del FA, y termina en posiciones de bloque que esconden profundas divergencias, y excluyen la posibilidad de constituir mayorías interpartidarias reales.
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