El Gobierno del FA deambula entre un intento liberal y aperturista de la economía y la visión de la izquierda tradicional, estatista, monopólica y alejada de la concepción de empresa privada como motor del crecimiento.
Una política macroeconómica que intentó preservar la estabilidad preexistente al cambio de gobierno, es puesta en jaque por las claudicaciones en la responsabilidad fiscal, que condujeron a un incremento sin precedentes del gasto público, cediendo ante presiones gremiales y políticas del propio partido de Gobierno. El comportamiento procíclico del gasto, impedirá la aplicación de medidas anticíclicas, cuando sean necesarias por cambios en la demanda externa u otros factores que interrumpan el crecimiento de la economía.
El incremento del gasto público, sumado a aumentos de algunos precios por factores externos o coyunturas internas, y a una expansión progresiva de la demanda, condujeron a un proceso inflacionario, cuyo tratamiento se basa en limitaciones para el consumo privado, pero no en restricciones al gasto público.
El Uruguay Productivo se convirtió en un concepto vago, que no se traduce en objetivos e instrumentos que signifiquen una orientación clara para los inversores y operadores económicos. Después de dos años y medio, las estrategias transversales y sectoriales anunciadas por el Gobierno no tienen un respaldo instrumental y operativo útil para los operadores económicos, y tampoco se reflejan en una estrategia definida de inserción externa.
Las inversiones están condicionadas por la falta de un ambiente de negocios lo suficientemente atractivo para compensar las limitaciones del mercado interno y las incertidumbres en las condiciones de acceso a los mercados externos.
Las permanentes inconsistencias y contradicciones del Gobierno en la gestión de la economía llevan a la falta de coherencia entre los enfoques de los distintos ministerios, que se refleja en la pérdida de credibilidad de los empresarios.
Para el PN es fundamental preservar la estabilidad macroeconómica, recuperando una conducta fiscal que deje al país al cubierto de las oscilaciones de la demanda externa o de los efectos de eventos imprevisibles, y definir y aplicar una política de desarrollo que apunte a la sustentabilidad, la reducción de la vulnerabilidad de nuestra economía y el empleo de calidad. Esa política tiene que reflejarse en un sistema de incentivos efectivo pero que evite la redundancia y una estrategia de inserción externa consistente con los objetivos del desarrollo de la producción de bienes y servicios.
El concepto de sustentabilidad incluye los aspectos ambientales y sociales, la adecuación permanente de la estructura productiva a la demanda externa y la apertura a la competencia, en la que el funcionamiento de mercado esté complementado por políticas públicas que neutralicen efectos sociales no deseados y orienten a los operadores en el sentido de los objetivos perseguidos por el Gobierno.
El Estado debe promover la competitividad a través de factores que tengan efectos genuinos como el desarrollo de la infraestructura física, la disponibilidad y costos de los servicios básicos, la regulación del sistema financiero y la educación.
La demanda fiscal estuvo presente en el diseño de la reforma tributaria. En el punto de partida es evidente la intención de incrementar de los ingresos fiscales, para estar a cubierto de las incertidumbres sobre la recaudación y financiar los aumentos de gastos previstos en la última rendición de cuentas.
El IRPF no es un impuesto a la renta sino un impuesto a los ingresos, que los grava desde niveles muy bajos, se liquida en forma individual, sin dar la posibilidad de hacerlo por núcleo familiar, no acepta la posibilidad de realizar deducciones significativas. La ley deja librada a la discrecionalidad del Ejecutivo la determinación del monto, exoneración o aplicación de tributos, lo cual es inconstitucional, y puede determinar un aumento de la presión fiscal sin control parlamentario. La reforma tampoco fomenta adecuadamente la inversión y el empleo. La eliminación de diversas exoneraciones tributarias y de aportes patronales, está teniendo resultados imprevistos y caóticos, que obligan a modificar la reglamentación y probablemente requieran legislación adicional.
El PN promoverá modificaciones sustanciales a la ley para: asegurar la transición desde el IRPF a un verdadero impuesto a la renta; establecer una reducción programada de las tasas de IVA que acompañe la evolución de la recaudación por el impuesto a la renta; revisar las exoneraciones tributarias y de aportes patronales, evitando en lo inmediato situaciones no deseadas y estimulando a mediano y largo plazo la producción y la competitividad de bienes y servicios, sobre una base de racionalidad y equidad; incorporar un compromiso fiscal que asegure la reducción gradual de la presión tributaria actual y la formación de reservas que permitan sobrellevar los efectos de eventuales recesiones de la economía.
El sector energético en Uruguay presenta una alta vulnerabilidad asociada a la insuficiencia estructural para la generación de energía, la dependencia de las importaciones y los riesgos de concentración en fuentes y en proveedores. Sin embargo, las acciones y omisiones del Gobierno, muestran la ausencia de una política sectorial efectiva, dejando que los intereses corporativos de ANCAP y UTE prevalezcan sobre una visión del sector integrada en el desarrollo nacional.
Los recientes movimientos de ANCAP en busca de una asociación con PDVSA implican ir a una dependencia estratégica, económica y política, que no responde a una visión de largo plazo de los intereses nacionales, puede constituir una limitación a nuestra soberanía, y aumenta la concentración en proveedores. Es una demostración de la tendencia del Gobierno a confundir los intereses nacionales con las afinidades ideológicas, en este caso con una dictadura populista en formación.
Para el PN es necesario definir una política nacional que aporte soluciones seguras a largo plazo al abastecimiento energético, basadas en una revisión de la matriz acorde con las tendencias del mercado global y de la organización y roles de los actores sectoriales.
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